Un antiguo proverbio francés prescribe: “Noblesse oblige”.
Nobleza obliga. En su curioso libro Maximes et preceptes, escrito en 1858, el marqués de Levis explicó el verdadero sentido de esa frase, que casi siempre se interpreta mal.
En ella la palabra “nobleza” no alude a la de carácter, sino a la de origen. Y esa nobleza no obliga a los demás, sino a quien la posee. Esto significa que un noble, por el solo hecho de serlo, está obligado siempre a actuar según su calidad y condición. Dicho de otra manera, la nobleza obliga a actuar con nobleza.
Algunos hemos entendido por formación cultural o por asimilación familiar, que en todas las actividades del hombre, debe prevalecer una cuota de nobleza. Obviamente, la actividad empresarial y/o pública, no debería estar exenta de la misma.
La riqueza obliga: Éste, ha sido un precepto que oportunamente se esgrimió en más de un congreso o reunión de juristas, en nuestro país y en Europa continental.
Habiéndo sido señalado en esas ocasiones como una advertencia, sobre las múltiples consecuencias que el mundo empresario ha venido provocando. Por indicar como ejemplo solamente una época, desde La Revolución Industrial.
La Dra Nora Messina de Estrella Gutierrez, señala en uno de sus libros: “La Responsabilidad Civil en la era Tecnológica”, La teoría del “riesgo de empresa”: en dicho acápite situado en la página 195, expresa: Este fundamento de la responsabilidad civil alude a la función de la reparación de daños como instrumento de racionalización del sistema económico, y ha sido desarrollado por la doctrina italiana.
Más adelante, la citada jurista continúa: Se sustenta en el nivel de garantía que el Estado le debe al ciudadano que fue el criterio de las codificaciones del siglo XIX el acento garantista está puesto en el sujeto que debe ser indemnizado en el riesgo de empresa.
El desarrollo del punto es extensamente tratado y no es el propósito del presente introducirnos irrespetuosamente en los fundamentos catedráticos de la autora mencionada. Lo hemos tomado casi subreptíciamente, con el objeto de desplazarlo subjetivamente, a efectos de situarlo en otra responsabilidad que si bien no es la empresarial, es también muy importante en el actual contexto social.
Nos estamos refiriendo a la responsabilidad del Estado.
En efecto, el Estado es responsable, y en esto sí hay sobrada jurisprudencia, por los daños que su actividad provoca a terceros. Pero no nos referimos exclusivamente a lo señalado en aquellas obligaciones que surgen de la actividad que determinadas obras públicas pudieran afectar a vecinos de un lugar.
Intentamos señalar las políticas generales que el Estado pone en marcha sin tener en cuenta-eventualmente-las consecuencias, a veces mediatas, otras veces casuales, pero que como sabemos pueden ocurrir.
La crisis desatada en el 2001-2002, no podría insertarse en los eximentes que ofrece la trinchera de las consecuencias remotas, que como sabemos, no son imputables al autor del hecho.
Jorge Mosset Iturraspe, en su obra “Estudios de responsabilidad por daños” Tomo 1 pág.300, dice: “Justicia y equidad, bien común, igualdad ante la ley y defensa del derecho de propiedad, concurren a fundamentar la indemnización debida por actos lícitos de la administración que originan un sacrificio concreto de los derechos privados”
Desde hacía mucho tiempo distintos analistas económicos y políticos-de aquella época-tanto nacionales como extranjeros advertían sobre el posible desenlace de la famosa ley de convertibilidad, apoyatura troncal en que se asentaba la política económica del gobierno menemista, en la medida que se siguiera llevando adelante aquella metodología de alto endeudamiento y gasto público casi fuera de control.
Finalmente la crisis estalló en manos de un Estado timorato, pusilánime y quizás fogoneada por una irresponsable oposición que se resistía a no ser gobierno.
Por ello, en estos tiempos donde a pesar que las otrora organizaciones piqueteras ya no forman parte del paisaje común en nuestras calles. Debemos tener en cuenta los efectos de aquella devastación social, que todavía mantiene abiertas muchas heridas.
Cada tanto, surgen recidivas que deberían poner en alerta amarilla a las actuales autoridades.
Lejos estamos con este desbrozamiento histórico, en compartir la metodología de un minúsculo grupo de holgazanes, que por estas horas interrumpe el tránsito frente al edificio del Palacio Municipal de nuestra ciudad de Mar del Plata. Esa gente, lo único que pretende es dinero sin ninguna contraprestación, por tanto, ellos mismos se autoexcluyen del sistema de ayuda social.
Lo que no podemos pasar por alto, es que algunos funcionarios de alto rango en el orden nacional, escudados en la soberbia de encuestas cuya autenticidad puede ponerse en duda, posterguen o neutralicen medidas que ya debieran haberse tomado hace mucho tiempo.
Por otra parte, el circuito de corrupción para nada se ha desactivado, y algunas prácticas que creíamos sepultadas, han brotado con renovados bríos para recordarnos su oprobioso pasado. (léase próximas elecciones en Misiones)
Por ello, conjuntamente con el pedido de un mayor grado de solidaridad por parte del sector empresarial, al que hacíamos referencia en la primer parte del presente, singularizado en el precepto “la riqueza obliga”. Hacemos notar también que del mismo se desprende un reclamo dirigido a los grupos multinacionales o nacionales que durante décadas se beneficiaron con enormes excedentes producto de los “negocios” que hacían con el Estado.
Los mismos deben comprender, admitir y proceder, entendiendo que ha llegado la hora de retornar algo de lo mucho que han obtenido. Luego de ello, podrán construír un camino desprovisto de posibles convulsiones sociales.
Finalmente, entendemos que el Estado es doblemente responsable en esta puntualización de cargas, pues habiendo sido el mismo el autor intelectual y material del desguace patrimonial y moral de muchos de sus habitantes, hoy debe redoblar esfuerzos para devolverle plenitud a las instituciones y renovada confianza al pueblo de la República.
Las conductas hasta ahora desplegadas por distintos órganos de gobierno, tanto en el orden nacional como estadual, están en deuda. Es preciso que asuman aquello que dice; los plazos, son de cumplimiento fatal
