El sociólogo alemán Max Weber concibe el Estado como: “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”. Y más adelante precisa que: “el Estado es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima”. El Dr. Mariano Grondona desarrolló el pasado domingo un artículo sobre esta base, publicado en el diario La Nación
Si nos atenemos a estos conceptos podemos deducir que quien se levanta en armas contra el Estado está cuestionando dicho monopolio para alterar o cambiar drásticamente los términos de dominación, pues quien hace política, como él mismo lo aclara, es porque aspira al poder.
La delincuencia, de alguna manera se está alzando en armas contra las agencias encargadas del orden y lo hace de manera pluripersonal (asociaciones ilícitas) con llamativa facilidad, afectando la pacífica convivencia que reclama el conjunto mayoritario de nuestra sociedad.
La historia de los hombres está atravesada por la búsqueda de una instancia de autoridad capaz de colocarse por encima de los asociados- de ese imaginario contrato social- que entienden que sólo de esa manera pueden convivir en paz, mediados por la ley que se deriva de la delegación de tal función y que la comunidad acata pues sabe que no hacerlo es caer en el imperio del más fuerte.
El Estado, en sentido hegeliano, es la concreción del espíritu universal, idea suprema de la Razón y expresión del progreso del género humano, es la instancia que tiene el poder de someter al amparo de una ley común los conflictos particulares de sus miembros
En la larga tarea de construcción del Estado, las sociedades se han visto envueltas en conflictos y disputas que nacen de la precariedad o la pérdida por parte del Estado de la potestad del monopolio de la violencia o también por el surgimiento de proyectos de sociedad opuestos.
A lo largo del siglo XX el delito ha sido una preocupación tanto de la opinión pública como de las ciencias sociales. En los últimos años esta inquietud se acentuó de manera notoria: en la Argentina, al igual que en otros países, la sensación de inseguridad frente al crimen ocupa un lugar sólo comparable con el temor que genera el desempleo y la exclusión social.
Inseguridad económica e inseguridad civil dominan los miedos de nuestras sociedades, de modo tal que uno suele reenviar al otro y ambos parecen realimentarse mutuamente.
A la vez, la construcción mediática de la cuestión criminal no sólo ha entorpecido una lectura ajustada de este fenómeno, sino que por lo general conlleva implicancias políticas e ideológicas preocupantes. (Así lo expresa Gabriel Kessler, en su libro “Sociología del Delito Amateur”
La inseguridad es una situación imperante en todos los rincones del planeta. La mayor preocupación en nuestro país y en Latinoamérica, es la virulencia con que se manifiesta y su desarrollo sostenido y creciente.
Las economías más prosperas, situadas fundamentalmente en los países nórdicos, a las que se les suman la de algunos estados de Europa Central, presentan una controlable situación en materia de inseguridad, y tal evento no está en las primeras páginas de la “agenda” de esos estados.
La falta de servicios básicos (salud, educación, saneamiento, etc.) se manifiestan de manera casi grosera precisamente en los países donde reina la inseguridad. Sucede que la paupérrima forma de vida imperante en todos los estados pobres, proveedores de mano de obra barata, no ha sido una consecuencia exclusiva originada por sus deplorables gobernantes. Ha sido un plan sistémico instalado desde hace muchas décadas por los grandes monopolios industriales, que vieron con anticipación, los beneficios de la globalización y las medidas que debían tomar sin afectar las economías donde están asentados sus “feudos”.
Por tal motivo, para encarar el correctivo a las consecuencias de la inseguridad, debemos a la vez estudiar profundamente sus causas. En efecto, no sólo hay que reformular el rol del estado en su potestad de monopolio de la fuerza, sino que el Estado como agente supremo y responsable de la marcha social de sus “asociados”, tiene que operar una transformación radical que permita una efectiva y necesaria redistribución de la riqueza, ya que de otra forma las consecuencias negativas hasta ahora conocidas irán en aumento en una escalda con consecuencias inimaginables.
Hay una camino que todavía las sociedades del mundo no han sabido explorar debidamente, es aquel donde quizás podamos darle alcance a la ética.
Si consiguieramos al menos estar cerca, verla como se mueve y desplaza, y como a la vez los integrantes del establischment le huye, comprenderíamos porque no se cumplen aquellas aspiraciones de muchos bien intencionados, que soñaron con el famoso derrame, de la economía, que aún soportando las excentricidades, caprichos y voluptuosas apetencias de los que mas tienen, permitirían a los pobres llevar con su trabajo una vida digna.
Evidentemente, esas teorías han fracasado. Es por lo tanto necesario un cambio de paradigmas. El cambio podrá producirse a traves del tiempo, y mientras tanto seguirá imperando la iniquidad.
Esperemos que los pueblos no recurran a métodos violentos ya probados en el pasado para acelerar un inevitable y necesario proceso, al cual el futuro ya le tiene asignado un lugar de preferencia.
Coincido, en que una de las causas generadoras son los niveles de pobreza y marginacion provocados por el mismo Estado, a pesar de que nuestra generacion fue educada en la maxima hernandiana “no es verguenza ser pobre y es verguenza ser ladrón”. Sin embargo, debemos admitir que este costado eminentemente cultural, tiene en la educacin una responsabilidad de Estado, cuyas consecuencias padecemos. Hoy en las escuelas la violencia victimiza por igual al maestro y a la escuela. Y a este caldo de cultivo se agrega la droga. Hoy se publican noticias de que bajó la edad de inicio de consumo de marihuana y cocaína a lo 13 años. Argentina, considerada de “paso” fue transformada en “productora” “distribuidora” y “consumidora”, lo que potenció las olas de violencia.
El otro costado del tema está dado por una ausencia de politica de Estado, comprometida cientificamente en combatir la inseguridad. El Ministro de SEeguridad debe tener conocimientos académicos sobre criminología. Incluso, desconozco si tienen esa formación muchos jeces y fiscales que intervienen en la investigación de los delitos. Desde mi perspectiva de médico, creo que sería una quimera intentar combatir una epidemia, sin el aporte de los médicos; de igual manera, no se puede revertir el estado de inseguridad sin el aporte serio y sistemático de los criminologos en una politica de estado que comprometa a toda la sociedad. En este contexto, hay que debatir profundamente las propuestas reformas al código penal, y no intentar transformarlo en un código abolicionista. Hay que preservar en primer lugar a la sociedad, cuyo derecho a vivr en paz es vital.
vamos a llegar al ojo por ojo diente por diente, mucho antes de lo que uds se imaginan
Una nueva polémica se instalará en breve en el seno de la Policía de la provincia de Buenos Aires luego que el cuestionado ministro de Seguridad, León Arslanian, decida poner en práctica una idea: firmar el total cese de tareas de más de 3 mil personas, que prestan servicios en la fuerza, y que ingresaron en las épocas de la última dictadura militar. El mencionado proyecto ministerial, que por lógica cuenta con el respaldo del gobernador Felipe Solá, ha empezado a gestarse en momentos en que en suelo bonaerense crece el delito ligado a los secuestros extorsivos, el narcotráfico y la piratería del asfalto. Se presume que la intención de los funcionarios es dar a conocer el proyecto con el objetivo de que los medios de prensa se ocupen extensamente de su tratamiento y para evitar que se encarguen de difundir las noticias ligadas al marcado deterioro de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Arslanian y sus colaboradores han trabajado en la “identificación y análisis de legajos de todas aquellas personas que ingresaron a la policía en tiempos de la dictadura militar”, que se inició el 24 de marzo de 1976 y finalizó el 10 de diciembre de 1983, tras la asunción del radical Raúl Alfonsín, luego de elecciones democráticas. De acuerdo a las fuentes ministeriales, todavía hay unas 3 mil personas que ingresaron a la fuerza entre 1976 y 1983 que siguen en actividad en diversas funciones, que van desde las labores administrativas, hasta las tareas de prevención y combate del delito en la vía pública. La figura que se está buscando para el desplazamiento del personal policial es la del “pase a retiro efectivo”, que en la práctica es una jubilación anticipada. Al respecto, no son pocas las voces consultadas por los periodistas que se han alzado en contra de la medida ideada por Arslanian. Una de ellas sostuvo que “Arslanián lo único que busca es ensuciarnos, porque yo entré a la fuerza cuando tenía 18 años y por supuesto que no soy un golpista o un torturador… ingresé porque necesitaba un trabajo”.
No entiendo porqué el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, reaccionó tan mal ante la jueza que reclamó políticas públicas para los menores. Dijo que la jueza tiene que hablar “por sus sentencias”, lo cual de hecho ella hará pero nada impide que diga lo que piensa. ¿El ministro se siente tocado, que tanto le molesta el comentario? Para un gobierno que dice hacer las cosas bien en materia de seguridad, se reacciona con mucho nerviosismo, y acá creo que la jueza toca un punto sensible que tiene que ver con lo que Ud. decía de la situación social. El gobierno que hace tres años está en el poder (y con cuotas cada vez más altas de éste) no ha solucionado el problema social, que Ud. señala acertadamente como una de las variables que incide en el delito (no la única).
El gasto social hoy no está dirigido adonde más se necesita, sino hacia las provincias y municipios que se pliegan políticamente al kirchnerismo, o sea al poder central. No hay políticas sociales universales. La mitad del trabajo es precario. Por eso creo que Aníbal Fernández cuando rechaza los dichos de la jueza no habla como ministri del Interior, como responsable de la seguridad. Habla como uno de los principales miembros de un gobierno que no ha hecho avances para eliminar la exclusión social que, convengamos, no se originó con este gobierno, pero que con una situación de superávit, exportación y crecimiento récord de la economía, debería estar volcando recursos sostenidos para superar las consecuencias de la crisis de los años anteriores.
Me olvidaba algo que motivó mi comentario y es el artículo de Noticias Urbanas sobre la Policía Federal y la Guardia Urbana, referenciado en el siguiente link:
http://www.noticiasurbanas.com.ar/tapa.shtml?AA_SL_Session=9541be202479107a5e53551310d77d3a&x=52475