El burocratismo, observado en la mayoría de los entes públicos, incluido el Congreso Nacional y el Estadual, impide el dictado de sanas normas que modernicen varios estamentos del Estado. Uno de ellos, el de seguridad, pide a gritos una severa transformación a efectos que la sociedad tenga la sensación que verdaderamente hay Estado. Caso contrario estamos a las puertas de un nuevo Leviatán.
El Derecho penal, como parte del saber jurídico general, participa de todos los caracteres del derecho. La pretensión de una sustancia empírica y diferente pertenece a su momento de mayor degradación teórica y no debe confundirse con la caracterización diferencial, que es propia de cada saber jurídico y donde funda su autonomía. La circunstancia de tener por función la contención de un poder, no puede menos que dotarlo de algunas particularidades. El poder que debe contener es el punitivo, que es ejercido por autoridad pública, sea que lo ejecuten las propias agencias ejecutivas (policía) o administrativas del estado (fiscales) o que éstas otorguen protección pública a quienes lo ejecutan. El saber del derecho penal abarca esos actos verticales del poder para proyectar en forma sistemática las decisiones de los operadores de las agencias jurídicas, que recorten su intensidad y extensión, eliminando o evitando los de mayor irracionalidad.(*)
(*) Eugenio Zaffaroni, Alejandro Alagia-Alejandro Slokar. Derecho Penal, Parte General pág.96
Extraños frutos colgaban de los árboles esa mañana de domingo en Zapotitlán, estado de Guerrero. El revoloteo de los zopilotes, el mosquero zumbante, el amontonamiento de la gente, confirmaban la singularidad del cuadro: pendían del ramaje y se bamboleaban en la bruma que aún se resistía a despejarse, los cuerpos desnudos, brutalmente castigados, de cinco ahorcados.
Habían sido linchados por vecinos del lugar a golpes de palos, machetes y puños, disparos de armas de caza, y finalmente colgados. Tres habían cometido asaltos.
Los otros eran familiares de los primeros que habían tratado de retirar los cadáveres; corrieron la misma suerte de sus parientes.
Los hechos de Zapotitlán ocurrieron el 18 y 19 de diciembre de 1993 cuando México, presidido por Carlos Salinas de Gortari, adquiría membresía en la OCDE y se aprestaba a firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En ese tiempo el gobierno de Salinas era ampliamente celebrado dentro y fuera de México, y no sólo en el ámbito financiero, como un ejemplo particularmente exitoso de modernización e incorporación al primer mundo. La foto de los linchados, en la primera plana de los diarios de circulación nacional, provocó reacciones de espanto ante lo que aparecía como la emergencia brutal de las fuerzas, que se creían eliminadas para siempre, del México bárbaro. Era como si las cucarachas, los alacranes o los gusanos hubieran surgido de debajo de la alfombra invadiendo la sala elegante donde las damas tomaban el té y los caballeros comentaban la evolución del mercado bursátil.(**)
(**)Publicado en Revista Mexicana de Sociología 1/2001, págs. 131-160. Por Carlos M Vila.
Hemos seleccionado dos textos extractados, ambos, de extensas obras. El motivo de tal selección, es alertarnos sobre una larga e interminable serie de hechos delictivos que sin solución de continuidad vienen azolando el territorio de la provincia de Buenos Aires y el distrito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, especial y fundamentalmente, ya que en varios puntos del país, si bien con menor intensidad, la violencia producto de asaltos y los homicidios también está presente.
La distancia que separa al primer escrito, producto de la científica obra de Zaffaroni y sus asociados, con la realidad Mexicana de pocos años atrás, surgida del relato de Carlos M Vila, nos debe alertar sobre hechos que los tenemos muy próximos. En efecto, luego de tomar conocimiento de la reacción que han decidido llevar adelante los vecinos de la ciudad de Tres Arroyos, producto, aparentemente, de la inoperatividad de las agencias de seguridad y judiciales, debemos concluir que: si no sirven los policías, si los agentes fiscales no cumplen acabadamente con lo prescrito por la ley, indudablemente, el poder central de la Provincia los debe expulsar. Además impartir las pertinentes instrucciones al procurador a efectos presente ante el Consejo de la Magistratura los elementos para que analice las conductas de los magistrados intervinientes en esa jurisdicción.
De no proceder rápidamente con lo antedicho, o mejor expresado por quien obligadamente le corresponde, corremos el riesgo se haga realidad parte del segundo extracto publicado por la Revista mexicana en el año 2001.
