Escribió hace poco tiempo Ricardo Luís Lorenzetti, Ministro de la Corte Federal designado por Decreto 1878 del 21 de diciembre del 2004, en el periódico Realidad Judicial.
“Un aspecto especial que compromete seriamente la imagen de la justicia es la cuestión de la seguridad ciudadana. Ello requiere recordar que los ciudadanos tienen un derecho a la seguridad, entendido como el derecho a vivir en paz, sin ser agredidos, asaltados o asesinados, que el incremento de los delitos y la falta de sanción inmediata ha aumentado la sensación social de impunidad, lo que se muestra claramente en los medios en forma cotidiana, en la aparición de más de treinta asociaciones vinculadas al tema y en múltiples manifestaciones en ese sentido en todos el país”
Continúa Lorenzetti: “Ante este escenario, la percepción ciudadana entiende que los jueces son quienes tienen a su cargo la resolución del problema de la seguridad“.
En otro tramo de esta extensa publicación del día 27 de setiembre del corriente año, el Ministro expresaba: “La reconstrucción y fortalecimiento institucional que se persiguen son una política de estado que se basan en la conciencia de los miembros del Poder Judicial de compartir sentimientos, tradiciones e ideas que permiten construir consensos a fin de que todos los integrantes adopten las decisiones como propias y las apliquen”. “Surgen”-continúa el Ministro,” y se reafirman en una amplia participación del asociacionismo judicial, ya que el esqueleto interno del poder estás basado no sólo en la estructura jurídico-institucional, sino en la fuerte interrelación entre jueces que generan las avocaciones. Son conducidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es, la cabeza del Poder Judicial (Art. 108 CN), lo que permite una dirección y ejecución posterior.”
Los dos párrafos arriba volcados, son lo suficientemente elocuentes como para entender la dicotómica situación existente en la aplicación del Derecho, que tienen, por una parte, algunos magistrados bonaerenses, y el espíritu reinante en de la Corte Suprema de la Nación, aquí,sintéticamente expresado por uno de sus integrantes, en las líneas extraídas del artículo señalado precedentemente.
Por ello lamentamos haber acertado en el despacho que publicamos ayer en relación a los destrozos que provocaron los piqueteros en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Deberá ser el Gobernador Scioli quien, no solamente se autoimpondrá ajustar su misión como titular del P. Ejecutivo Provincial-en este tipo de eventos-, confiando en la justicia. Entendemos, debería exigir a la misma, por las vías que constitucionalmente existen, adopte las medidas conducentes al cumplimiento de la ley, por parte de todos los integrantes que se encargaron de sustanciar los hechos de público conocimiento ocurridos en el día de ayer.
El diario Hoy de La Plata informó:
Un vocero de la fiscalía a cargo de Ana Medina, que investiga los incidentes, precisó hoy que “en la madrugada recuperaron la libertad los 57 detenidos, ya que el delito que se les imputa es excarcelable“.
Se trata de integrantes del Movimiento 29 de Mayo y del Movimiento Trabajo y Dignidad, quienes están acusados de los delitos de intimidación pública y lesiones graves por la violenta toma, con cuatro empleados como rehenes, ocurrida ayer en el edificio provincial ubicado en las calles 55 entre 6 y 7, de La Plata.
