Escribe: Daniel Romero de la Agencia Total News.
Con crisis de seguridad el gobierno”desactiva”la Inteligencia Criminal y la Oficina Anticorrupción
Con sólo unos meses de diferencia el gobierno nacional prácticamente dejo sin funcionar a dos organismos fundamentales de la democracia, la Oficina Anticorrupción y la Dirección de Inteligencia Criminal.
La Dirección de Inteligencia Criminal depende, según la ley de Inteligencia Nacional Nº 25.550, de la Secretaria de Seguridad Interior dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia que comanda el Contador Aníbal Fernández y fue creada para detectar y estudiar los actos criminales producidos contra la ciudadanía y el estado, para decirlo en forma clara y directa. A su vez encuentra bajo la orbita directa de la SI (Secretaria de Inteligencia) que es la punta de la pirámide del sistema de inteligencia nacional.
Los agentes de Inteligencia Criminal se rigen por el Estatuto para el personal civil de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Decreto Nº 1088/03).La SI esta dirigida por Héctor Icazuriga, secundado por Francisco Larcher siendo el Director de operaciones el cuestionado Horacio Antonio Stiusso, quien no soporta que exista otra Dirección de inteligencia que no sea la que el rige sus destinos…y fondos y quien se investiga y a quien no.
Los agentes que cesan en sus funciones, fueron designados durante la gestión anterior (IRIBARNE y TIBILETTI), siendo el Director Ricardo COLOMBO.
El Ministro de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos Aníbal Fernández, echo al Director Colombo y en su lugar designó a un Fiscal de Morón, el Dr. Fernandez Segari, quien según nuestras fuentes, recibió órdenes vía FERNANDEZ y LARCHER de hacer in operativa esa Dirección. No es la primera vez que Larcher y Stiusso meten la cuchara en la secretaria de Seguridad.
¿Cabe preguntarse cuales son los motivos de semejante determinación, cuando los delitos, muertes, secuestros, narcotráfico y toma de rehenes hacen su agosto. ¿Que intereses motivan a estos funcionarios a desarticular una agencia tan relevante y necesaria en estos momentos? Es evidente que estas determinaciones solo protegen “intereses” supremos de asociados al poder. Hoy día en las villas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano operan distintas bandas de narcotraficantes, marras y hasta las mismísimas FARC, amparadas por una señora con pañuelo blanco a la cabeza, a la cual el co-presidente Néstor Kirchner bautizo como “la madre de todos los argentinos.”
Lo cierto es que para “eliminar” a estos agentes, se aplicó, un método similar al utilizado en SIDE con el personal que no se presto a la voluntad de los corruptos, destinándolos a la División Estudios Conjuntos, conocida como CROMAGÑON, y a los agentes de la Dirección de Inteligencia Criminal los metieron en un despacho, vigilado con cámaras, de suerte tal que cuando alguien se levantaba del escritorio, por un altavoz le inquirían ¿qué estaba haciendo?. Por el momento los socios en los casinos, en la compra de petroleras, ganadores compulsivos de “licitaciones y compras directas”,narcos, asesinos, terroristas, secuestradores, etc., están a resguardo.
Aunque no se pueda creer esto sucede en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Así está el personal confirmado en el plantel básico, el que será desvinculado acudiendo a calificaciones que Estatutariamente dan lugar a la baja por falta de aptitud para el servicio y a los que no están confirmados, directamente los dieron de baja, acudiendo a un mecanismo acorde a los Derechos Humanos y resguardando todas las garantías legales y laborales. Esto fue: con custodia y en el despacho de Fernadez Segari, se hizo pasar de a uno, y se los conmino con un, firme aquí, desde luego no le dieron copia del acto administrativo por el cual no se los confirmaba.
Obviamente estamos frente a una flagrante violación al Derecho de Defensa por parte del Ministerio de Justicia, ya que al no tener copia de la resolución de la no confirmación, mal pueden saber los agentes las causales de su no confirmación.
Oficina Anticorrupción
Días atrás Critica Online informaba algo similar a lo que hoy Total News muestra con lo sucedido en la Dirección de inteligencia Criminal, en aquel caso fue sobre la manipulación de los concursos de cinco investigadores de la Oficina Anticorrupción, quienes al perder la estabilidad en el cargo, quedan sujetos a los “designios de los posibles investigados.
Todo un ejemplo de Democracia y respeto a los derechos más elementales.
La Oficina Anticorrupción es mía, mía, mía
Aníbal Fernández anuló los concursos ganados por los cinco principales pesquisas del organismo que debe velar por la transparencia del Poder Ejecutivo. Sin estabilidad ni autonomía, su permanencia depende ahora del humor del ministro.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, anuló cargos obtenidos por concurso para investigar la corrupción estatal. Lo anunció en vísperas de Navidad.
El Gobierno Nacional anuló los concursos ganados por los cinco principales investigadores de la Oficina Anticorrupción. Estos funcionarios pierden así la garantía de estabilidad y dependen de la voluntad del Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que con su sola firma y sin pago de indemnización puede dejarlos cesantes.
La embestida oficial contra un organismo de control fue publicada en el Boletín Oficial. Pero nadie lo advirtió. Quizá por la fecha elegida por el ministro Fernández para divulgar su primera decisión como flamante titular del área de Justicia: 24 de diciembre, víspera del feriado de Navidad. Quizá también por la apariencia técnica e inofensiva de la resolución 12/2007 que ordena: “Déjanse sin efectos los procesos de selección para la cobertura de diversos cargos con funciones ejecutivas de este Ministerio”.
El corralito político a los miembros de la Dirección de Investigaciones de la OA que comanda Martín Montero terminó de cerrarse con otra disposición del ministro Fernández, la que lleva el numero 67/2008: todo pedido de informes a cualquier dependencia del Poder Ejecutivo tiene que llevar la firma del titular de la OA, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, un leal al jefe de Gabinete Alberto Fernández.
Hasta esa resolución, los investigadores disponían de autonomía para avanzar sobre indicios de corrupción en el Poder Ejecutivo. Podían requerir precisiones, documentos y hasta expedientes, sin pasar por el “filtro” del jefe de la Oficina.
No es el primer conflicto que enfrenta a Fernández y Montero. En 2005, Montero requirió informes al entonces ministro del Interior por una licitación sospechada. “Por qué no se dedican a investigar cosas importantes”, desafió por escrito Fernández, sin aportar la información solicitada.
Las designaciones por concurso en la Oficina Anticorrupción comenzaron a implementarse en 2003 durante la gestión de Gustavo Beliz en el Ministerio de Justicia y Néstor Kirchner en la Presidencia. El concurso implica una estabilidad ajena a los vientos políticos. Y la estabilidad posibilita la independencia del investigador.
El proceso incluyó el cotejo de antecedentes, pruebas escritas, análisis externo de especialistas, evaluación del Gobierno y de representantes sindicales. En noviembre pasado, el todavía ministro de Justicia Alberto Iribarne firmó las designaciones y las elevó para que sean avaladas por la Secretaria Legal y Técnica de la Nación y publicadas en el Boletín Oficial. Pero en diciembre, Iribarne fue propuesto como embajador ante el Vaticano (que lo rechaza por su condición de divorciado) y asumió Fernández. Y fue el principio del fin de los concursos
Por Daniel Romero-TNA
