La emergencia administrativa en el ministerio de Salud bonaerense, suspendió el pago a proveedores por 180 días, (el decreto fue publicado en el Boletín Oficial). Y desató una ofensiva de la oposición: Legisladores ultiman detalles para la presentación de una demanda penal. Se insiste, además, con la interpelación en la Legislatura.
El punto polémico del decreto que lleva la firma del ministro de Salud, Claudio Zin, y del gobernador, Daniel Scioli, es que le otorga “superpoderes a Zin”, para realizar contrataciones directas, y le quita facultades a los organismos de contralor, que tienen la función de garantizar la transparencia en la gestión.
Un comunicado de prensa emitido por el Bloque de diputados de la “Concertación” de la Provincia de Buenos Aires, expresa:
En el marco de la Emergencia Funcional y Administrativa decretada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el Ministerio de Salud, este viernes la diputada provincial del Bloque de la Concertación, Griselda Petri solicitó el Ejecutivo Bonaerense un pedido de informes para evaluar los alcances de la medida y las restricciones concretas que puedan afectar a la prestación de servicios esenciales. En ese sentido, la legisladora señaló que “la Emergencia tiene como fin ordenar y transparentar las cuentas y gastos del Ministerio efectuadas durante los últimos meses de la gestión anterior. Una de sus consecuencias directas es la suspensión del pago a proveedores por el plazo de 90 días. Sin embargo, la decisión de declarar la Emergencia Administrativa -al tiempo que se hizo público el cierre y suspensión de servicios en diversos hospitales de la provincia- ha motivado un sinnúmero de versiones que resulta necesario aclarar”.
En vista de ello, la legisladora sostuvo, “debemos saber las razones y estado de situación que hicieron necesaria la mencionada emergencia y su incidencia sobre la prestación médica que realizan los hospitales bonaerenses. La falta de insumos es una de las razones esgrimidas por parte del sindicato respecto de las huelgas que realiza el personal de los hospitales público. Y esta situación se agravaría de suspenderse los procesos de licitación para contratar servicios y compras conforme se desprende de la emergencia dispuesta. Una oportuna manifestación por parte de las autoridades pertinentes permitirá deslindar responsabilidades y esclarecer la situación por la que atraviesa el Ministerio de Salud”.
Nada dice el comunicado sobre los 100.000 pesos que habría insumido la reforma del despacho del Ministro del área, Dr. Zin.
