Desde el inicio de la gestión K, este sitio como tantos otros, hemos sido y somos, críticos no sólo en el aspecto económico, sino político. Difícilmente el primero pueda desligarse del segundo.
Intuíamos o simplemente leíamos a través de un pasado un tanto oculto, que el esquema de poder del santacruceño transformado luego en proyecto de gobierno marital, llevaría al país a una situación de choque con la realidad globalizada que por estos tiempos hace rato deberíamos haber asumido, participado y, desde el Estado, principal actor, establecer serias y sólidas relaciones con el mundo en beneficio de los habitantes de nuestra República.
Pero como ya sabemos nada ha sido ni parecido. La bonanza económica no emergió en nuestras fronteras-para cierto sector social-por el arte mágico de la “conducción” K, sino, por el considerable aumento de los llamados comodities. Sucede que si a tales circunstancias económicas internacionales, no se suma una verdadera acción del Estado en el orden interno, la canilla lisa y llanamente se cierra.
El campo es el primero que ha dicho “BASTA”. Esto significa, que ya el gobierno no lo podra esquilmar más. A este sector le seguirán otros. El aparato político se resquebraja, al decir de Morales Sola. Por tanto, si rápidamente el actual régimen matrimonial no muta su tozuda posición, una vez más los argentinos habremos de sentir el doloroso efecto de la crisis. Esta vez, con consecuencias disitntas a las anteriores, pero con similar resultado para nuestro diario acontecer.
Ante lo brevemente expuesto, es que lamentamos profundamente no habernos equivocado en las apreciaciones que emitimos durante todo este tiempo K.
De las muchas opiniones que por estas horas circulan en la WEB, hemos tomado-para compartir- la publicada en el sitio Politicaonline.
El regreso de la deuda externa
La Argentina deberá enfrentar este año vencimientos por más de 17 mil millones de dólares, casi el 5,5 del PBI. Sin embargo, el país tiene cerrados los mercados de créditos internacionales y esto se combina con el explosivo crecimiento del gasto público que ya ronda el 35 por ciento. El conflicto con el campo confirmó además que la presión fiscal ya encontró su techo.
Escribe: Simón Rifkin
El discurso oficial sostiene que la reciente suba en las retenciones se instrumentó para que la importante suba que venían experimentando los granos a nivel mundial no se traslade a los precios de los alimentos que consumen los argentinos. Se agregó que esta medida también contribuiría a que la soja no continúe desplazando otras actividades como la ganadería y los tambos.
Todos motivos conmovedores que cualquier alma noble compartiría, pero que esconden una realidad menos halagüeña: la medida apunta básicamente a auxiliar las crecientes necesidades fiscales del gobierno.
Sólo en el 2008 la Argentina deberá enfrentar vencimientos de deuda y capital por más de 17 mil millones de dólares, aproximadamente el 5,5% del PBI. Este número incluye el futuro pago por los cupones atados al PBI que el gobierno no cuenta en sus estadísticas oficiales, pero se debe considerar aunque el mismo no sea fijo. Si nos guiamos por el discurso oficial de tener un superávit del 3%, faltarían solo un 2,5% por cubrir de los vencimientos. Para cualquier país de la región, exceptuando Argentina, Ecuador y Bolivia, sería sencillo cubrir estos faltantes en los mercados internacionales de crédito. Por ejemplo, Perú acaba de lograr el anhelado Investment Grade, Brasil esta muy cerca y Colombia sería uno de los próximos países latinoamericanos en alcanzarlo. Estos países hoy pagan tasas en dólares menores al 6%.
El superávit ya no es tan sólido
Los gastos crecen a una tasa cercana al 35% anual y no parece que en el contexto actual vayan a disminuir. Impacta en esta suba, la creciente inflación que obliga al Gobierno a destinar un mayor presupuesto tanto para la suba de salarios y jubilaciones, como a los subsidios, por ejemplo a la energía y el transporte, para que no suban las tarifas y empeore el panorama. Incluso, la falta de previsión e inversión en energía obligará al Estado a importar combustible liquido para reemplazar al gas, siendo el primero al menos 6 veces más caro. Además, el pasado año electoral genero mucha obra pública que debe ser terminada y que en muchos casos con presupuestos mayores a los planificados.
Es verdad que los ingresos también crecen a tasas altas, casi 30% anual. Pero si el gasto crece más que los ingresos y el año pasado tuvimos (con ayuda de la reforma previsional) un superávit del 3%, hay que subir los impuestos para alcanzar los objetivos fiscales. El impuesto más fácil de subir es sin duda la retención a un bien que se exporta casi el 100% de la producción, como es el caso de la soja. La suba en las retenciones aportaría al fisco una base de 0,5% del PBI y en caso de que el precio suba podría ser mayor.
Los nuevos límites
Sin embargo, lo que no previó el gobierno fue la rebelión del agro, que reaccionó ante un gravamen que al dejar afuera del negocio a los pequeños productores, logro unirlos a los medianos y grandes jugadores del campo, en el reclamo. Surge así un límite a la presión impositiva que puede soportar la economía.
En la actualidad la carga impositiva es superior al 30% del PBI o un 40% superior a los picos de los 90. Es decir, nunca antes en la historia de Argentina se pago tanto en impuestos. Así el recurso de seguir subiendo impuestos parece haber encontrado su techo.
A principios de la actual gestión desde el gobierno dejaban trascender que su objetivo era alcanzar un superávit del 3%, ahora hablan de llevarlo al 4% o 4,5% del PBI. Esto se explica porque en el Ministerio de Economía han comprobado que no va a ser sencillo conseguir los 6 mil millones de dólares que harían falta para financiar los vencimientos de deuda –el fracaso de Cristina Kirchner en Francia para destrabar la negociación con el Club de Paris es elocuente en ese sentido- y deberían cubrirlo con recursos propios.
Un claro ejemplo es la reciente licitación que lanzó Economía que tuvo que consolidar tasas variables superiores al 13% por 5 años para evitar el papelón de declararla desierta. En las AFJP y bancos recibieron llamados durante todo el día de la licitación presionando para subir la apuesta. Esta tasa es la más alta pagada por la administración kirschnerista en todo su ciclo.
El regreso de la deuda externa
Los inversores se dan cuenta que desde el ámbito fiscal el modelo esta tocando su techo. Sin poder subir los impuesto y con pocas perspectivas de reducir el gasto sin que esto derive en protestas de los sectores afectados. El perfil de deuda tampoco es demasiado tentador para los que decidan invertir en el país ya que a partir de este año el gobierno deberá amortizar cada vez más capital y pagar más intereses. Empieza a sentirse el peso que dejó para el futuro el canje de deuda, que despejo el camino por unos 5 años, es decir hasta el 2008. El futuro ya llegó.
Al darse cuanta de los problemas para refinanciar los vencimientos, el Gobierno emprendió dos caminos, uno interno y otro internacional que esperaban concretar cuando se normalice la economía mundial. Primero avanzar en el plano local, sumando recursos mediante la suba de retenciones. Ante la crisis que planteó esta decisión se decidió acelerar el plano internacional para conseguir financiamiento.
La idea inicial era comenzar a tantear con los organismos internacionales un paquete de préstamos para el tesoro. Pero en vez de eso finalmente se decidió mandar al ministro de Economía Martín Lousteau a la asamblea del BID a tratar de conseguir un “blindaje” de 8.000 millones de dólares, que hasta ahora brilla por su ausencia. Se habían conseguido apenas 420 millones, que deberían repartirse entre Aysa, el Senasa y las provincias.
Además, en Economía avanzan en conversaciones con grandes bancos de inversión para ver la posibilidad de realizar un canje de los bonos de próximo vencimiento por otros a 10 años de mayor liquidez. Casi, un nuevo megacanje.
El problema es que cuando el campo dijo basta, los inversores también dijeron basta a continuar prestando dinero sin un plan serio a largo plazo que permita consolidar un superávit fiscal genuino y no uno que se basa en un impuesto a las exportaciones que depende de precios externos. El gobierno terminó así, mordiéndose la cola.
