Una denuncia de 2006

Investigan a Moreno por favorecer a grandes cerealeras

Habría fijado precios "en forma cartelizada" para la exportación de trigo. Cómo fue el intento del secretario de Comercio para evitar aumentos.

La Cámara Federal en lo Penal Económico debe decidir en las próximas horas si da curso a una apelación que objeta el cierre de una denuncia presentada ante el Tribunal de Defensa de la Competencia. En 2006, CARBAP denunció que las grandes empresas cerealeras del país, en acuerdo con la Secretaría de Comercio, fijaron precios para la exportación de trigo.

Presentado el reclamo ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el organismo (que depende de la secretaría de Moreno) decidió rechazar la denuncia de “cartelización” (acuerdo entre distintas empresas que limitan la compentencia entre ellas). “Nos respondieron con cuatro agravios”, señaló a Perfil.com el director Ejecutivo de CARBAP, Alfredo Rodes.

Inmediatamente, la entidad agropecuaria apeló la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia. CARBAP denunció que las grandes cerealeras (“Bunge Argentina; Cargill; Louis Dreyfus, Toepfer; A.D.M. Argentina; Aceitera General Deheza”, entre otras), en acuerdo con Moreno, fijaron, “de forma cartelizada”, el precio del trigo destinado a la exportación.

De esta manera, según explicó el dirigente, la Secretaría de Comercio Interior buscaba controlar los precios internos, en pos de evitar una escalada inflacionaria en el precio de los alimentos. “Cosa que no consiguieron”, afirmó el dirigente de Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

Rodes espera que la Justicia Federal (quien recibió el expediente del Tribunal de Defensa de la Competencia) de lugar a la apelación de Carbap. “Confiamos en que la Cámara Federal ordenará una investigación”, dijo a Perfil.com el dirigente rural. En ese sentido, se conoció que el director Ejecutivo de la entidad fue recibido la semana pasada por los tres camaristas, los cuales habrían atendido su reclamo.

fuente Perfil.com

El ADN realizado sobre un presunto nieto de desaparecido dio que es “Hijo Biológico de sus presuntos apropiadores”… Sin embargo Las abuelas sospechosamente rechazaron el ADN y quieren que lo haga una “persona en particular”en el Hospital Duránd…

No es la primera vez que se sospecha que los ADN del Hospital Duránd en muchos aspectos estarían arreglados a favor de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ya que detrás hay un fuerte negocio para las Abuelas y los abogados, referente a la Indemnización de los familiares de desaparecidos.

VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA O MENTIRAS, ODIO Y ENSAÑAMIENTO…

Durante casi cuatro años he sido sometido junto a mi esposa e hijos al artero ataque de los medios masivos de prensa (gráficos radiales y televisivos).

Hoy he decidido romper el silencio. Hoy me siento en la obligación moral de aclarar las tantas infamias y calumnias que se dijeron de mi y de mi familia, (por supuesto siempre al infausto amparo de las conjeturas y del verbo conjugado en tiempo condicional, v.gr. sería podría etc.)

La verdad de los hechos es la siguiente: a instancias de la asociación ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, se inició la causa penal nro. 7602/2003 sobre SUPRESIÓN DEL EST. CIV. DE UN MENOR (art 139 I), sustracción de menores de 10 años (art. 146), FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS y FALSEDAD IDEOLÓGICA, que quedó radicada en el Juzgado Federal nro. 5, siendo querellante la Sra. AZZARI Jorgelina, miembro de la mencionada asociación.

La investigación penal se origina en una DENUNCIA ANÓNIMA, recibida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo según la cual nuestro hijo Carlos Ignacio sería en verdad uno de los nietos, hijo de desaparecidos, que ellas están buscando que habría nacido en el mes de febrero de 1978.

Según el mismo relato nosotros lo habríamos anotado como hijo propio en marzo del mismo año. (obviamente todo el relato de la denuncia es, justamente con verbos en tiempo condicional, porque si bien todos son demandantes de justicia, nadie quiere tener la responsabilidad por una falsa denuncia).

Así las cosas, fuimos citados por el Sr. juez interviniente, e impuestos de la denuncia, se ordenó que se le extrajera sangre a mi hijo Carlos Ignacio para que fuera comparada con el banco de datos de desaparecidos del hospital Durand.

A pesar de ser nuestro hijo mayor de edad (POR LO TANTO SEGÚN JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, es él quien debe dar su consentimiento) aceptamos (en verdad Él aceptó) la realización de un ADN. Ello para disipar todo tipo de dudas

Para facilitar la labor judicial, y para demostrar aún más la seguridad y la convicción de que Carlos Ignacio es nuestro hijo, solicitamos que el examen de ADN se hiciera, no ya con el banco de datos de desaparecidos del hospital Durand, sino que se compare directamente su patrón genético con el de mi esposa y mió, es decir CON SUS PADRES BIOLÓGICOS, y además atento a que nuestra hija María Gabriela nació en el año 1976, solicitamos que también se le hiciera el pertinente examen en las mismas condiciones, el Sr. juez interviniente hizo lugar a nuestro pedido y se efectuaron los exámenes en el CUERPO MÉDICO FORENSE y la FUNDACIÓN FAVALORO, (prestataria del Poder Judicial de la Nación).

Resalto que nuestra posición, más allá del total repudio a la apropiación de menores, (hijos de desaparecidos o no), fue,es y será, facilitar el accionar de la justicia con la firme convicción de quien es inocente del delito que se lo acusa y para terminar lo más rápido posible con la farsa armada en torno a nosotros.

Es absolutamente ingrato vivir con un estigma de la naturaleza del que nos endilgaron, y tanto más en una sociedad como la argentina donde es muy fácil manchar el buen nombre y honor de las personas pero casi imposible limpiarlo.

Se realizaron los exámenes de ADN, de los que a continuación se transcribe la parte pertinente: RESULTADO DEL EXAMEN:… ‘El análisis matemático estadístico aplicado a las coincidencias entre los perfiles genéticos de la pareja biológica formada por MANCUSO Carlos Ángel y GIMÉNEZ de MANCUSO Dora y ambos titulares determina que MANCUSO GIMENEZ Carlos Ignacio y MANCUSO GIMENEZ María Gabriela, tienen respectivamente alrededor de 14.000.000.000 (catorce mil millones) y de 45.000.000.000.000 (cuarenta y cinco billones) más posibilidades de ser hijos biológicos de la citada pareja que de cualquier otra constituida por otras personas tomadas al azar y no emparentadas’…(el documento del que fue extractado el párrafo se encuentra agregado al expediente judicial,aunque los medios de prensa parecen no haberlo visto) Para sintetizar el examen determinó que tanto Carlos Ignacio como Maria Gabriela son nuestros hijos biológicos.

No obstante todo lo expuesto hasta aquí, según información periodística de diciembre de 2005 la Asociación Abuelas y sus letrados habrían pedido la anulación de los exámenes insistiendo en que los mismos deben realizarse en el hospital Durand y la sangre de nuestro hijo comparada con el banco de datos de desaparecidos.

¿Que hay detrás de todo esto? ¿A qué persecución nos están sometiendo?.No conocemos a la Sra. AZZARI ni a las demás Abuelas de Plaza de Mayo, menos aún sabemos quien fue el denunciante anónimo ni porque fuimos ‘elegidos’ para semejante aventura judicial.

Es lamentable ver como la prepotencia, el empecinamiento y la vehemencia, permitidos por las leyes argentinas, avalados por el poder político de turno, nos dejan sin los más elementales derechos constitucionales.

Hoy a treinta años del golpe militar, siento, personalmente, las mismas cosas, la violencia institucionalizada y organizada, la violencia de lo absurdo, de la incertidumbre, de los medios que han inventado todo tipo de historias para vender algunos diarios o para tener medio punto de rating más. La Sra. AZZARI, paradójicamente, trata hoy por todos los canales a su alcance, de hacernos lo que tanto le dolió hace 28 años APROPIARSE DE NUESTRO HIJO, sin importarle.

El motivo por el cual me expreso por este medio es porque creo que es la única manera que tengo de que se conozca la verdad sin deformaciones. Todo lo que aquí expongo lo pueden constatar en el JUZGADO Y CAUSA mencionados al comienzo.

Les mando un afectuoso abrazo

Carlos Ángel MANCUSO

LE 7869704

Ante la situación de dominio público ocurrida en Pinamar, específicamente con respecto a la posible comisión de delitos por parte del titular del Departamento Ejecutivo y su Secretario de Gobierno Economía y hacienda, y ante confusas declaraciones radiales de los ediles de aquel Partido, a lo que se suma apreciaciones periodísticas de conocidos medios, los cuales caen en una inanición jurídica preocupante, nos hemos tomado el atrevimiento de copiar algunos artículos de la Ley Orgánica Municipal. que aunque inconstitucional, ya que viola a través de la Constitución Provincial, la manda expresa de la Constitución Nacional reformada en 1994, referente a la AUTONOMÍA MUNICIPAL, concretamente en sus artículos 5 y 123. A pesar de todo ello, LA LOM, es la que está vigente, por tanto, sería la fuente a donde deberían ocurrir los directamente responsables de proteger las Instituciones. Es decir, los Sres. Integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar.

ARTICULO 247°: El Intendente, cuando incurra en transgresiones será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15.

Alguien una vez, y definiendo la palabra “amigo”, dijo: Es uno mismo con otro cuero. Realmente, es una muy buena definición para responder que es un amigo. Tal es el caso de nuestro ex presidente, que antes de abandonar el cargo y traspasar el mando a su esposa, Cristina, firmó una prorroga de concesión del Hipódromo para su amigo Cristobal López. “Esos son amigos”.

Crece el escándalo del Hipódromo. Así lo informa el Portal La Política On Line.

Denunciarán a Kirchner:

Incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta, son los delitos que podrían imputarle el ex presidente, según el abogado Ricardo Monner Sans, por firmar la polémica prórroga del Hipódromo porteño. Además, sembró dudas sobre porqué Macri no hace nada: “Hay que mirar a la Legislatura”, agregó:

“Con estos métodos se viola el espíritu de puja para una concesión y se rompe el equilibrio del concurso de precios. Por eso, estimo que detrás de la prórroga de la concesión se podría estar frente a algún delito de violación de deberes de funcionario público y además, de una posible administración fraudulenta”, con estas palabras, durísimas, el abogado Ricardo Monner Sans se refirió a la polémica prórroga del hipódromo porteño que el ex presidente Néstor Kirchner firmó cinco días antes de abandonar su cargo.

Estando todavía en funciones, Kirchner determinó por decreto la prórroga por 10 años (con posibilidades de 5 más) de la concesión a Hipódromo Argentino de Palermo SA (Hapsa), norma que a la vez propone “incrementar” el número de máquinas tragamonedas de acuerdo con la demanda lúdica. Un detalle para nada menor es que los principales beneficiarios de la prórroga, Cristóbal López y Federico Achaval, mantienen muy buenos vínculos con el gobierno nacional y se los considera íntimamente vinculados al propio Kirchner.

Achával tiene la concesión referida al hipódromo, mientras que López a las tragamonedas, cuya instalación y producido, más allá de estar en desacuerdo con las normas porteñas, deberían ser administrados por la Ciudad de Buenos Aires, hoy gobernada por Macri.

El decreto, que extiende hasta el 2032 la concesión del Hipódromo de Palermo prenuncia una tormenta política y judicial que además del ex Presidente puede tener otros protagonistas. Es un negocio que prorrogó el Estado nacional pero que por constitución tendría que administrar la Ciudad.

El macrismo tiene posturas divergentes sobre la conveniencia o no de cuestionar la decisión, mientras que sus flamantes socios del ARI ya están preparando una denuncia judicial contra los funcionarios que firmaron la norma, luego de que su fundadora, Elisa Carrió, señalara que se trata de un “negocio”. Habrá querido decir negociado, ya que lo otro es legítimo en el sistema capitalista que se supone vive la Argentina.

Pero las esquirlas de la bomba política que significó la polémica prórroga pueden afectar muy seriamente al jefe de Gobierno. Al ser consultado por La Política Online sobre porqué la pasividad de Mauricio Macri al respecto, pese a que la Constitución de la ciudad de Buenos Aires dice que tiene el poder de policía sobre el juego, Monner Sans opinó: “¿Porqué el gobierno porteño no trata de dar batalla por las concesiones, algo que está totalmente claro en la Constitución porteña?. En ese sentido, estimo que hay que mirar hacia la Legislatura porteña para entender un poco porque el gobierno de la Ciudad no interviene”, expresó, sembrando dudas sobre el accionar de este cuerpo.

“Pero no es sólo la prórroga, hubo varias irregularidades –siguió Monner Sans- Por ejemplo, en su momento hubo que investigar si las excavaciones hechas por el Hipódromo para mejorar los estacionamientos para los apostadores cumplían con las reglamentaciones municipales”.

Resulta más que llamativo el silencio macrista en esta área relativa a la autonomía porteña, bandera que han reivindicado apenas ganaron las elecciones. De hecho, el traspaso de la policía de la Nación a la Ciudad fue un reclamo que hasta amagó con dirimirse en una consulta ciudadana. Muy raro es entonces que, en este lucrativo negocio, no se hayan escuchado aun voces de protesta desde el Pro.

Algunos hombres cercanos al jefe de Gobierno sostienen que ellos no ponen en tela de juicio la competencia del Estado nacional sobre el Hipódromo, auque si desean sentarse a conversar para ampliar el monto que actualmente recibe la Ciudad. Esperan poder subir la alícuota del 30 actual hasta un 50 por ciento.

Las cifras actuales de este más que jugoso negocio indican que actualmente la Ciudad recibe alrededor de $ 135 millones al año por el negocio del juego que se desarrolla en su territorio pero que administra Lotería Nacional. El Tesoro Nacional embolsa una suma cercana a los $ 450 millones al año y los empresarios de los bingos, las tragamonedas y los casinos flotantes (en estos dos últimos negocios interviene Cristóbal López) obtienen US$ 400 millones anuales.

Citando el llamativo silencio macrista, La Nación consigna hoy declaraciones de un legislador de ese espacio crítico con esta posición: “Acá hay que definir si son socios del Estado nacional o son cómplices”, disparó un legislador y se preguntó “por qué conformarse con un 30 por ciento del negocio si se puede aspirar al 100″.

El legislador muy enojado agrega desde el anonimato: “Acá hay una acuerdo político, donde se reclama la policía, el puerto y lo demás relacionado con la autonomía, pero el juego no se toca”, especuló.

El chivo es el macho joven de la cabra, mientras que “expiar” se entiende como la acción de purificarse de las culpas por medio de algún sacrificio.

La expresión-Chivo expiatorio- proviene de un ritual del antiguo pueblo de Israel para el cuál se elegían dos chivos; mediante el azar se elegía uno para entregar a la figura de Yaveh (dios), que era sacrificado por el sacerdote durante el rito; el otro era cargado con todas las culpas del pueblo judío, y entregado a Azazel (el demonio). Este último, conocido como “chivo expiatorio” era abandonado en mitad del desierto, acompañado de insultos y pedradas.

En la actualidad se utiliza la expresión para denominar a aquél que ha pagado las culpas de la gran mayoría, librando a estos de represalias.

Hoy, por decirlo de alguna forma, existen en nuestro país famosos “Chivos expiatorios”, en el caso que más abajo recordamos, el género no corresponde, ya que es mujer. Nosotros como buenos argentinos siempre nos las ingeniamos para reformar un milenario dicho-al menos con el ejemplo-

La ex funcionaria María Julia Alsogaray, hacía estas declaraciones tomadas por El Diario de la República de la Provincia de San Luís, el día 7 de mayo del año 2005, donde; ratificó sus dichos sobre el supuesto cobro de sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem e insinuó que es la única colaboradora detenida por corrupción porque carece de la “protección” de los partidos políticos tradicionales.

“El sólido y solidario sistema de protección mutua de los partidos que han gobernado desde el año 1983 ya resulta evidente para cualquiera que sueñe con participar de la vida política del país”, sugirió Alsogaray.

Una cabra eleva su voz antes que la sacrifiquen, y amenaza:

La ex ministra de Economía Felisa Miceli de la gestión de Néstor Kirchner fue procesada sin prisión preventiva por el hallazgo en el baño de su despacho en el Palacio de Hacienda de una bolsa conteniendo 200 mil pesos.

Miceli, en tanto, dijo estar “indignada” por su procesamiento, dispuesto por la jueza federal María Servini de Cubria y sugirió que la causa “fue armada para perjudicarla”.

Fuentes judiciales confirmaron esta mañana a las agencias DyN y Télam que el 28 de diciembre pasado la jueza federal la procesó por los presuntos delitos de “encubrimiento” y “sustracción de documento público” por la bolsa encontrada el 5 de junio de 2007 en el sanitario de la ex ministra.

Felisa, decimos nosotros amablemente, tendría que pensar que de alguna forma hay que tapar, el “valijagate”. El paseo de Néstor por Venezuela y Colombia, no sirvió. Mientras Cristina apura esta semana las valijas para irse a España, y dejar los problemas de la energía, del INDEK maquillado, más el tórrido verano porteño-éste último en manos de Macri-, algo más tiene que ser útil a la vorágine cortina mediática. Que mejor entonces, que Doña Felisa.

Este tema de los chivos expiatorios, en principio en cabeza de María Julia y Felisa, la primera, única procesada seriamente del residual menemismo, ya que Menem, con sus fueros y la prescripción tiene todo resuelto, nos anima a pensar que, en nuestro país, donde ni una manada de chivos expiatorios expurgarían el enorme y estructural sistema de corruptela pública instalado; siempre de una u otra forma, ese mismo y perverso sistema encuentra un solitario chivo-en este caso cabra-para que expie las culpas colectivas de aquellos que, únicamente serán juzgados por la hisotira.

Escándalo de la valija: en plena feria, la Justicia allanó la estatal Enarsa y secuestró importante documentación
La orden fue dada por el juez Federal Jorge Ballestero. El magistrado busca, entre otros documentos, información sobre los viajes a Venezuela que realizaron los funcionarios de la empresa estatal de energía.

Hasta ayer, la documentación que fue secuestrada el jueves se encontraba en las instalaciones de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal. El próximo allanamiento

Las Malvinas son argentinas

La legalidad del reclamo argentino sobre las Malvinas fue discutido en un debate académico y transgresor en la prestigiosa London School of Economics por primera vez en esta capital. Dos de los juristas -un argentino y y un alemán- consideraron ilegal el uso de la fuerza durante la invasión argentina a las islas en 1982 pero desmenuzaron la legitimidad de los títulos británicos y argentinos en disputa por la soberanía.

La estratega argentina Victoria Gamba se preguntó por qué Gran Bretaña no impulsa una resolución del conflicto Falkland-Malvinas, cuando está detrás de todas las gestiones de resolución conflicto en todas sus ex colonias.


Facundo Quiroga, a principios de febrero, se dirigió a Cuyo, al frente de la División “Auxiliar de Los Andes” y derrotó a los gobernadores unitarios de San Luis y Mendoza. El caudillo santiagueño, Ibarra, derrocó al gobernador unitario de su provincia. Los hermanos, Francisco y Guillermo Reinafé, hicieron lo mismo en Córdoba. Paz terminó prisionero, el 10 de mayo de 1831, destruyéndose la Liga Unitaria, aunque el mando de ésta había sido tomado por el general Gregorio de Lamadrid. Quiroga recibió la orden de López de enfrentar a Lamadrid, lo que sucedió el 4 de noviembre de 1831, en La Ciudadela”. Lamadrid huyó hacia Bolivia.

Dirigió la campaña contra los aborígenes, designado por los gobernadores de Mendoza y San Juan, en diciembre de 1832, nombrado por su gran prestigio en el interior, a pesar de que no tenía experiencia en ese tema, y su salud se hallaba deteriorada.
Estando a cargo del ejecutivo provincial el gobernador Maza, se suscitó un conflicto entre el gobernador de Salta, Pablo Latorre y el de Tucumán, Dr. Alejandro Heredia. Para solucionarlo se envió a Quiroga, con el objetivo de restablecer la paz.

Mientras esto sucedía en el norte de nuestra Patria, un hecho grave se producía en las posesiones australes de la República, el cual dio lugar a la “cuestión de Malvinas” El gobierno de Buenos aires en el año 1824, ampliando concesiones anteriores, concedió a Don Luís Vernet la isla de la Soledad del grupo de las Malvinas, con el objeto de que éste formase allí una colonia sobre la base de la ya establecida; y al mismo tiempo le otorgó el privilegio de la pesca de anfibios en esas playas y las adyacentes hasta el Cabo de Hornos, prohibiéndose expresamente a los extranjeros ese tráfico.

En oportunidad de ser nombrado por el gobierno de Bs. As., Gobernador de aquellos alejados parajes, Jorge Jewitt, había notificado la prohibición de pescar a todos los buques extranjeros surtos en esas playas y en igual forma había procedido el Gobernador Areguatí, quien sustituyó a Jewit en 1823.

Todos hemos leído el esfuerzo, dedicación e inversión con propios recursos que Vernet realizó por entonces. Muchos criticaron la relación que el designado Gobernador sostenía con sus colonos. Debemos ubicarnos en el contexto histórico y la situación muy especial que proporcionan a sus habitantes, aún hoy, el suelo de Malvinas. Por tanto, ni cerremos una opinión, ni tampoco, sin la debida documentación le caigamos a Vernet.

Vernet desde el mismo inicio de su asentamiento quiso hacer uso de aquella licencia “exclusiva” topándose con la más absoluta ignorancia por parte de la flota extranjera. Ante tal situación, y teniendo la confirmación de la “exclusividad” de pesca otorgada por Bs. As. Hizo uso de sus facultades, confiscando el producido de la pesca a tres goletas norteamericanas. “Harriet”, “Breakwater” y la “Superior”. Fugó de aquel procedimiento la Breakwater y el resto de las tripulaciones aceptó la infracción. Isla Soledad setiembre de 1831.

Cuando arribó uno de los navíos a Bs As. El cónsul de los EEUU, Jorge Slacum inició una fuerte reclamación y avanzó hasta negar los derechos de nuestro país sobre aquellos territorios. De irregularidad en irregularidad el mencionado cónsul que había transmitido los hechos al comandante de la corbeta de guerra Lexinton de los EEUU, ésta procedió a zarpar hacia Malvinas, tomó represalias con los colonos, saqueó las instalaciones les robaron todo lo producido por la pesca e inclusive tomaron prisioneros tratándolos de la peor manera. Así comienza nuestro ultraje de soberanía, que luego consumaría Inglaterra. Sobre tal desgraciada circunstancia, se cumplen 175 años.* La Corbeta Clio de la armada de S.M.B, arribó a Malvinas el 5 de enero de 1833.

Nota: Quince años después de haber Gran Bretaña atropellado nuestra soberanía en las Islas, teniendo nuestra República incestionables derechos, un miembro del Parlamento inglés sir William Molesworth, al discutirse el presupuesto sobre las Colonias británicas, dijo en la sesión del 25 de julio de 1848. Que ante el tremendo costo de esas islas miserables que no producían nada, ni siquiera trigo y que había costado a la Corona 45.000 libras, deberían devolverlas pues consideraba inútil tal posesión. Hoy la historia ha cambiado. Petróleo y pesca mediante, permitirán al gobierno de Londres, no sólo seguir usurpando Malvinas, sino ahora, robarnos descaradamente.

Fuentes: Archivos propios e Historia de la Confederación Argentina- Adolfo Saldías.

La historia de la humanidad ha mostrado a la par que progresos y logros extraordinarios por parte de hombres y mujeres excepcionales, tremendas manifestaciones de odio entre gentes, pueblos, y naciones, que se tradujeron en luchas feroces entre distintas facciones. En todos esos casos siempre ha estado presente el sentimiento de exclusión hacia el otro.

Dr. Leopoldo Medrano Morisot.

Montoneros: prescripción de delitos es “arbitraria”

El constitucionalista Daniel Sabsay dijo que los ataques contra “población civil por estados u organizaciones “son delitos de lesa humanidad”

El constitucionalista Daniel Sabsay calificó hoy de “arbitrario” el fallo de la Cámara Federal que consideró como prescriptos los delitos cometidos por la organización Montoneros.

“Los ataques cometidos contra población civil por estados u organizaciones políticas con la finalidad de imponer esa política son delitos de lesa humanidad” y por lo tanto no prescriben, sostuvo Sabsay, al citar el Tratado de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional.

En declaraciones a la prensa, Sabsay consideró que el que produjo la Cámara Federal “resulta un fallo claramente arbitrario”.

Para el especialista, no se debe poner “el foco en el sujeto que comente” los delitos sino en “el efecto de este tipo de atentados indiscriminados que atacan de manera no limitada a población inocente”.

El abogado constitucionalista Félix Loñ había considerado por su parte que tanto lo hecho por el Estado durante la última dictadura militar como lo hecho por Montoneros “debe ser considerado delito de lesa humanidad”.

Los expertos criticaron una decisión de la Cámara Federal porteña que confirmó los delitos cometidos por la agrupación Montoneros en los años 70 no pueden ser catalogados como de lesa humanidad, razón por la cual prescribieron.

De esta manera, los camaristas confirmaron el sobreseimiento de uno de los principales líderes de Montoneros, Mario Firmenich, y de otros miembros de la organización.

Así lo resolvió la Sala I del Tribunal al coincidir con la jueza de primera instancia María Servini de Cubría en que la causa por un ataque con explosivos a la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, el 2 de julio de 1976, prescribió.

“Es hora de que las Farc sean acusadas ante la Corte Penal Internacional, entre otras cosas porque el crimen que están cometiendo es un crimen de lesa humanidad, lo que están haciendo es prácticamente un genocidio”. Lo dice hoy El Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo en una entrevista a El País de Cali.

Desde ayer, como reguero de pólvora, corrió por los canales de Tv y Radios la información que hasta ese momento se mantenía en reserva. La informante que aclara gran parte de la triste maniobra de la valija y su portador, fue nada menos que la (ex) secretaria de Claudio Uberti, Victoria Bereziuk. Aquí un adelanto de la Revista Noticias.

Noticias 24.- Una escandalosa revelación llegó esta tarde desde Argentina. Antonini estuvo, 48 horas después que le incautaron los 800.000 $, en la Casa Rosada donde estaban reunidos Hugo Chávez y los Kirchner. Se lo contó al Juez la ex-Secretaria de Claudio Uberti. La información está plenamente confirmada por la revista Noticias. RECOMENDAMOS ABRIR EL LINCK.

La información, que fue difundida esta tarde(por ayer 19-12-07) por América TV, será confirmada en la edición de este jueves de la revista Noticias. Su editor ejecutivo, Darío Gallo, adelantó la portada de la publicación, que mañana estará en los kioscos argentinos.También, Urgente 24 le dedica al tema, un amplio artículo en la fecha.

Hubo tiempos-época de la patria sindical, socialista, etc.-en que las disputas entre gremialistas se resolvían a balazos, atentados, bombas y otras lindezas que regaron de dolor, sangre y muerte a un importante sector de nuestra sociedad. Muchos, pensamos que esos tiempos habían terminado, que la larga y negra noche de la década del 70 no nos visitaría nunca más.

Nos equivocamos. Los antiguos personajes-de uno y otro lado-parecen haber abandonado sus tumbas y encarnarse en otros nuevos, que con similares o quizás más refinados procedimientos, ejecutan con idéntica frialdad a las personas que impiden, molestan o entorpecen ciertos negocios, dentro o fuera del sindicalismo. Asistimos al nacimiento de la Patria enrarecida.

El ex Juez Llermanos, declaró hace instantes ante los micrófonos de Radio La Red, que los crímenes de los sindicalistas nunca se esclarecen en nuestra República.

En relación al asesinato del tesorero del Sindicato de Camioneros, Abel Beroiz, ocurrida el pasado 27 de noviembre en la ciudad de Rosario. El ex juez informó a la emisora capitalina, que Beroiz fue la “punta de lanza” para el blanqueo de miles de choferes en la Provincia de Santa Fe, primera en el país que acordaba regularizar esta anomalía en la relación laboral entre los conductores de camiones y los cerealistas, que hasta el presente, trabajan en negro. Ergo, los mayores afectados por aquella medida, eran los propios empresarios relacionados con el transporte y comercialización de cereales. Continuaba Llermanos, diciendo que en una reunión entre las partes en conflicto hubo una airada reacción por parte de un importante y fuerte empresario cerealero, a menos de una semana antes, que ocurriera el crimen del Tesorero del Sindicato de los camioneros.

En otra parte de la entrevista, Daniel Llermanos expuso sobre amenazas de muerte que habría recibido hace ya un tiempo “el niño”, así, según el ex magistrado, es el apodo con que muchos reconocen a Pablo Moyano, hijo de Hugo Moyano.

Lo expresado por Llermanos a la requisitoria periodística, no hace sino confirmar que la situación conflictiva que subyace en una parte importante de la dirigencia gremial-entre si- más la sumada por la fuerte posición de Hugo Moyano frente a supuestos planes que no lo favorecerían, del actual gobierno nacional, deparará en las próximas semanas, novedades nada agradables para la vida de los argentinos.

Escribió hace poco tiempo Ricardo Luís Lorenzetti, Ministro de la Corte Federal designado por Decreto 1878 del 21 de diciembre del 2004, en el periódico Realidad Judicial.

“Un aspecto especial que compromete seriamente la imagen de la justicia es la cuestión de la seguridad ciudadana. Ello requiere recordar que los ciudadanos tienen un derecho a la seguridad, entendido como el derecho a vivir en paz, sin ser agredidos, asaltados o asesinados, que el incremento de los delitos y la falta de sanción inmediata ha aumentado la sensación social de impunidad, lo que se muestra claramente en los medios en forma cotidiana, en la aparición de más de treinta asociaciones vinculadas al tema y en múltiples manifestaciones en ese sentido en todos el país”

Continúa Lorenzetti: “Ante este escenario, la percepción ciudadana entiende que los jueces son quienes tienen a su cargo la resolución del problema de la seguridad“.

En otro tramo de esta extensa publicación del día 27 de setiembre del corriente año, el Ministro expresaba: “La reconstrucción y fortalecimiento institucional que se persiguen son una política de estado que se basan en la conciencia de los miembros del Poder Judicial de compartir sentimientos, tradiciones e ideas que permiten construir consensos a fin de que todos los integrantes adopten las decisiones como propias y las apliquen”. “Surgen”-continúa el Ministro,” y se reafirman en una amplia participación del asociacionismo judicial, ya que el esqueleto interno del poder estás basado no sólo en la estructura jurídico-institucional, sino en la fuerte interrelación entre jueces que generan las avocaciones. Son conducidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es, la cabeza del Poder Judicial (Art. 108 CN), lo que permite una dirección y ejecución posterior.”

Los dos párrafos arriba volcados, son lo suficientemente elocuentes como para entender la dicotómica situación existente en la aplicación del Derecho, que tienen, por una parte, algunos magistrados bonaerenses, y el espíritu reinante en de la Corte Suprema de la Nación, aquí,sintéticamente expresado por uno de sus integrantes, en las líneas extraídas del artículo señalado precedentemente.

Por ello lamentamos haber acertado en el despacho que publicamos ayer en relación a los destrozos que provocaron los piqueteros en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Deberá ser el Gobernador Scioli quien, no solamente se autoimpondrá ajustar su misión como titular del P. Ejecutivo Provincial-en este tipo de eventos-, confiando en la justicia. Entendemos, debería exigir a la misma, por las vías que constitucionalmente existen, adopte las medidas conducentes al cumplimiento de la ley, por parte de todos los integrantes que se encargaron de sustanciar los hechos de público conocimiento ocurridos en el día de ayer.

El diario Hoy de La Plata informó:
Un vocero de la fiscalía a cargo de Ana Medina, que investiga los incidentes, precisó hoy que “en la madrugada recuperaron la libertad los 57 detenidos, ya que el delito que se les imputa es excarcelable“.

Se trata de integrantes del Movimiento 29 de Mayo y del Movimiento Trabajo y Dignidad, quienes están acusados de los delitos de intimidación pública y lesiones graves por la violenta toma, con cuatro empleados como rehenes, ocurrida ayer en el edificio provincial ubicado en las calles 55 entre 6 y 7, de La Plata.

Revelan que ofrecieron US$ 2 millones a Antonini a cambio de silencio
Así lo indicó uno de los fiscales del caso durante la audiencia en Miami, sin precisar nombres; dos de los detenidos deben declarar; Taiana había convocado a Wayne

MIAMI.-Una nueva revelación promete profundizar el escándalo. Los fiscales estadounidenses afirmaron hoy que Guido Alejandro Antonini Wilson, el empresario venezolano que ingresó en Buenos Aires con 800.000 dólares en una valija, había recibido ofertas de agentes venezolanos por 2 millones de dólares a cambio de su silencio.

“Ofrecieron 2 millones para que ocultara” que el dinero provenía de Venezuela y que “estaba destinado a la campaña presidencial en Argentina”, sostuvo el fiscal Thomas Mulvihill, en la audiencia previa al juicio en una corte federal de Miami contra tres venezolanos y un uruguayo, acusados de ser agentes encubiertos de Venezuela.

EEUU: Venezolanos intentaron comprar silencio en caso de maletín

MIAMI (AP) — El hombre que llevó un maletín repleto de dinero a la Argentina para la campaña presidencial que posteriormente resultó ganadora, había recibido ofertas de dos millones de dólares de agentes venezolanos a cambio de su silencio y para que ayudara a encubrir quién enviaba esos dólares, dijo el lunes un fiscal estadounidense.

Dos de los cuatro hombres acusados de ser agentes venezolanos ilegales efectuaron el ofrecimiento a Guido Antonini Wilson, un ciudadano venezolano-estadounidense que está cooperando con el FBI en el caso, dijo el fiscal Thomas Mulvihill en la audiencia.

Mulvihill no identificó cuál de los acusados hizo la oferta, pero aseguró que la familia de Antonini recibió amenazas con el fin de que colaborara con los servicios de seguridad venezolanos para encubrir el envío de 800.000 dólares que Antonini llevó a Argentina en agosto, destinados a la campaña de la entonces candidata oficialista Cristina Fernández.

“El problema que causó es que se convirtió en un desastre de relaciones públicas”, manifestó Mulvihill. “Para contener ese desastre de relaciones públicas, los agentes venezolanos se reunieron con el señor Antonini”.

La semana pasada Fernández denunció la investigación estadounidense, al igual que las autoridades venezolanas, que negaron haber intentado influenciar a algún candidato a la presidencia de Argentina.

La revelación más reciente tuvo lugar en una audiencia de los cuatro acusados, tres de los cuales permanecen detenidos sin el beneficio de la fianza. Un magistrado estadounidense concedió al cuarto, el uruguayo Rodolfo Wanseele, el beneficio de salir de prisión pagando una fianza de 150.000 dólares, pero canceló la orden para darle a los fiscales la posibilidad de apelar.

El papel de Wanseele en la presunta conspiración fue llevar a otro hombre -supuestamente un emisario del gobierno de Venezuela- a una reunión realizada en una cafetería Starbucks de la Florida, dijo el agente del FBI Ryan Young.

Wanseele, de 40 años, ha vivido en Estados Unidos durante ocho años y trabaja para una empresa de exportaciones e importaciones.

El uruguayo actuó como vigilante de la reunión y luego llevó de regreso al supuesto emisario hasta su hotel, utilizando una ruta complicada de 64 kilómetros (40 millas) para cubrir una distancia de 11 kilómetros (7 millas), sostuvo Young.

La abogada que designó el tribunal para Wanseele, Sowmaya Bhagathi, alegó que su cliente merecía la fianza porque habría desempeñado un papel ínfimo y porque no tenía antecedentes criminales anteriores en Estados Unidos.

Pero Mulvihill expresó que los servicios de inteligencia de Venezuela se sentían cómodos utilizándolo a él en Estados Unidos.

También están acusados en el caso dos acaudalados empresarios venezolanos con lazos en Miami: Franklin Durán, de 40 años, y Carlos Kauffmann, de 35. Permanecen encarcelados sin fianza y dijeron el lunes al juez que buscaban completar los arreglos para contratar abogados la semana próxima.

Tanto Durán como Kauffmann son miembros de una nueva elite venezolana que se ha enriquecido durante la “revolución bolivariana” del presidente Hugo Chávez.

Ambos son accionistas de la petroquímica venezolana Venoco y han realizado negocios con la petrolera estatal de su país, que financia al gobierno de Chávez.

El cuarto acusado es el venezolano Moisés Maionica. Una audiencia para determinar si le otorgan fianza ha sido fijada para el 2 de enero.

Los cuatro hombres serían procesados y podrían presentar sus alegados en una audiencia del 28 de diciembre. De ser declarados culpables, podrían pasar hasta 10 años en una cárcel federal y tendrían que pagar hasta 250.000 dólares de multas.

Algo muy grave ocurrió en la toma de un edificio público de la capital de la Provincia de Buenos Aires.

El resultado de este acto delincuencial, arrojó dos policías heridos, uno de ellos con el 50% de su cuerpo quemado-se encuentra internado- a raíz de haber sido víctima de una bomba `molotov´ arrojada por estos integrantes de un movimiento “piquetero”.

Lo extraño, es que una cronista del canal TN, llamaba a estos delincuentes sus “compañeros”. O TN toma piqueteros para que ejerzan la tarea de movileros, o fue un acto de conversión instantánea.
Verdaderamente patético.

Un Juez de garantías ordenó-así lo informa la crónica del canal 26-la detención de 14 individuos que serían los cabecillas de este acto. Posiblemente, cuando terminen las actuaciones en la Fiscalía platense, habrá un policía que difícilmente pueda pasar las fiestas con su familia. Hasta es posible le quepan las consecuencias de un sumario, al restante que sufrió heridas leves, por no haberle facilitado el paso a los delincuentes.

Manifestantes levantan la toma y serán llevados a la fiscalía.
Serán trasladados en un camión celular ante la fiscal platense Ana Medina. Lo decidieron luego de negociar con la secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, y el coordinador de la policía provincial, Daniel Salcedo. Según pudo saber DIARIOHOY.NET, primero fueron llevados mujeres y menores. Reclaman la “institucionalización y reconocimiento del movimiento social”

Todo termina, a nuestro criterio como un acto pre-revolucionario. Que sacó por 4 horas del foco periodístico en atención máxima,al VALIJAGATE.

Consideramos que por las burdas características que tuvo el acontecimiento de toma del edificio público provincial, por el acompañamiento televisivo que recibió y por el desenlace jurídico, un verdadero disparate que cada vez, nos aleja más de poder vivir en un Estado de Derecho.

El conocido dicho se escapó la tortuga, no creo sea concomitante de aplicar tomando en cuenta las características de los actores que intervienen en este culebrón internacional de la súper valija de Antonini. En efecto, tanto es así, que los mismos, podrían directamente darle clases a Bernie Ecclestone.

¿Qué duda cabe a esta altura de los hechos develados que los verdes estaban destinados a la campaña del matrimonio? Que nadie se llame a engaño, lo mejor esta por venir.

¿Podemos imaginarnos-al menos por un instante-la mayoría de los que vivimos en Argentina, que en los EEUU la justicia se maneja con similares parámetros que en el reino de los K? Imposible. En el imperio, como dice la diputada Carrió, los fiscales condujeron hasta el borde de un juicio político a uno de sus mejores presidentes. Bill Clinton.

Es cierto, que también debamos conceder un espacio de duda, no por creer en el urdido de alguna “maniobra basura”, sino, que de haber tomado exacto conocimiento que la valija llegaba a tal hora y tal día, el exótico Antonini no hubiera tenido problemas en transponer las puertas de Ezeiza, y la ahora, promocionada policía aeronáutica vedette, le hubiera hecho un saludo militar y ni si le hubiera ocurrido preguntar por la valija. Ergo, el matrimonio no estaba en los detalles.

Para cerrar, trasladamos preguntas que realiza en su columna dominical del diario La Nación, uno de los más inteligentes periodistas de nuestro País, Joaquín Morales Solá.

El primer asunto alude, en cambio, a preguntas básicas que no se han respondido todavía: ¿qué hacía Antonini Wilson en el aeropuerto de Buenos Aires con una valija con 800.000 dólares dentro de un avión rentado por el gobierno argentino y rodeado sólo de funcionarios argentinos y venezolanos? ¿Cómo pudo sacar esos dólares en efectivo de un país como Venezuela, donde rige un estricto control de cambios? ¿Por qué el vicepresidente de la petrolera estatal PDVSA, administrada personalmente por Chávez, pidió que Antonini Wilson subiera al avión?

Con personajes como Antonini Wilson y como el argentino Claudio Uberti, el camino más probable para cualquier gobierno es el que termina en los tribunales. Es posible que Antonini Wilson haya tenido dos patrones en la vida y al final se haya quedado con el que más le importaba conservar. No se explicaría, de otra manera, esa rumbosa existencia de dicotomías entre los barrios elegantes de Caracas y los distritos voluptuosos de Miami. ¿Por qué Chávez nunca averiguó sobre ese truhán que trasegaba con los dineros de la petrolera de los venezolanos?

Hay un producto de limpieza intensamente publicitado, cuyo nombre es el apuntado en el título del presente. Dada las características y el giro que está tomando el caso de la valija, entendemos que, a efectos de limpiar las salpicaduras de las máximas figuras del oficialismo, el gobierno, debería encargar varias partidas de ese, aparentemente, calificado elemento saca suciedades.

El ex camarista Guillermo Ledesma, vinculado al caso Antonini Wilson

El ex camarista federal Guillermo Ledesma, integrante del Tribunal que condenó a las Juntas Militares en 1985, es el argentino que participó en Miami (Estados Unidos) de una reunión en la que el venezolano Guido Antonini Wilson habría sido presionado por otras dos personas de su país para que no revelara el destino de una valija con dinero hallada en Aeroparque en agosto pasado.

Cuatro testigos aseguraron ante una corte federal que los 800 mil dólares que traía el empresario Antonini Wilson en un vuelo oficial del gobierno kirhcnerista eran una contribución a un candidato presidencial argentino.

Mientras empezaba a quedar en la nebulosa por el excluyente triunfo de Cristina Kirchner, el caso de la valija venezolana no sólo volvió a quedar en la superficie sino que además puso en cuestionamiento la misma campaña que la consagró presidente.
Cuatro testigos acusados de ayudar a conspirar con el venezolano Guido Antonini Wilson, vincularon los 800 mil dólares que viajaban en un maletín de un vuelo oficial del gobierno de Néstor Kirchner con fondos de campaña para uno de los candidatos presidenciales del pasado 28 de octubre. La justicia argentina aún mantiene en pie el pedido de captura sobre el empresario residente en Miami.

Tres venezolanos y un uruguayo fueron detenidos y llevados ante una corte federal de esa ciudad norteamericana. Los acusados coordinaron y participaron en una serie de encuentros con Antonini Wilson desde agosto para ayudarlo a ocultar el origen de los 800 mil dólares, que se destinarían a un candidato en la reciente campaña presidencial en Argentina, informaron agentes federales en Miami.

Los arrestados son Moisés Maionica, de 36 años; Rodolfo Wanseele, de 40; Franklin Durán, de 40; y Carlos Kauffmann, de 35. El primer reporte no indicó las nacionalidades de cada uno. En tanto, otro acusado bajo los mismos cargos, Antonio José Canchica, de 37 años, está “fugitivo”.

El informe de la Fiscalía atribuye a los detenidos haber declarado que Antonini Wilson llevaba ese dinero a la Argentina para ser entregado a un candidato para las elecciones presidenciales realizadas el 28 de octubre en ese país. Sin dar nombres, los integrantes del vuelo que traían a Antonini Wilson al país no dejan dudas sobre el posible destinatario.

El juez Blanco se enojó con las ‘colectoras’ y tiene razón: Los Kirchner corrompen el sistema electoral

A los Kirchner no les importa el cómo sino alcanzar, a cualquier precio, sus objetivos. Esto explica el uso de la Ley de Lemas en Santa Cruz y un sistema similar en la elección bonaerense: las ‘colectoras’, un mamarracho que complica un territorio de por sí ya convulsionado.

Mientras tanto a la 5ta Sección electoral no le llegó el turno del recuento, por ello, los ciudadanos del Partido de Gral. Pueyrredón, entre otros, no sabemos si el actual concejal Eduardo Salas se queda o se va. Posiblemente por estas horas se encuentre gesticulando a lo Mirtha Legrand; “me quedo no me quedo…”

De todas maneras, el juez aseguró que “la Junta no tiene responsabilidad en la demora, porque en definitiva los que inventaron esto de colectoras no hemos sido los jueces ni la organización judicial. Se deberían haber hecho elecciones internas y por ejemplo en el caso de Lomas de Zamora, no hubiésemos tenido tantas dificultades”.

Jean Etienne Portalis, expresaba en el discurso preliminar del Código Civil francés, “que las leyes, una vez redactadas, permanecen siempre tal como fueron escritas, en tanto los hombres no reposan jamás; por el contrario, éstos viven en constante actividad y ese movimiento nunca detenido, cuyos efectos son diversamente modificados por las circunstancias, produce a cada instante algún hecho nuevo, alguna original combinación, algún distinto resultado. Infinidad de cosas deben quedar, por consiguiente, necesariamente libradas al gobierno de los usos, a la discusión de los hombres instruidos, al arbitrio y decisión de los jueces”

Es por ello, que entendemos como un aporte de paz y convivencia, la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto al pronunciamiento positivo sobre la candidatura de Francisco De Narváez, y, sin duda, la que recaerá sobre la de Daniel Scioli. Poniendo de esta forma un manto de cordura y alejando definitivamente problemas que podrían incluir enfrentamientos entre los argentinos.

La Constitución de nuestra provincia se expresa al respecto en el Artículo 121.- Para ser elegido gobernador o vicegobernador, se requiere:

1- Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero.

2- Tener treinta años de edad.

3- Cinco años de domicilio en la Provincia con ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no hubiese nacido en ella.

No obstante, la Suprema Corte provincial tiene poder concentrado en cuanto al dictado de constitucionalidad o no de las leyes. No ha mencionado la misma, que el artículo 121, vigente desde 1994, se inconstitucional, pero al menos, así lo entendemos, ha hecho una interpretación que va de la mano con las tendencias mundiales de reconocimiento en cuanto a igualdad de posibilidades a los hombres que deciden involucrarse en la cosa pública.

Esperamos la voz de los constitucionalistas. Ellos confirmarán a o no esta subjetiva lectura del fallo que nos ocupa.

Enrique Serra.-

En no pocas sociedades latinoamericanas, entre las que obligadamente debemos contabilizar la nuestra. Sin desconocer otras que también integran este mundo global, hemos observado como las profundas transformaciones sociales acaecidas en las últimas décadas, han provocado un resultado no buscado, pero de imposible soslayo, con ello, una agudización y complicación del fenómeno de la violencia, con un agregado de secuelas hasta hace pocos años desconocidas, donde, las víctimas de la misma soportan-en múltiples casos- un ensañamiento y desmesura, totalmente desconocido por muchas de nuestras generaciones, esto, de alguna forma, ha suamdo al miedo y estupor, la perplejidad. Tal lo que podemos comprobar en hechos que a diario registra la crónica de nuestro país y del mundo.

Hemos decidido dejar de lado en este particular análisis, no por carecer de importancia, sino por merecer un tratamiento diferenciado, otro tipo de circunstancias tampoco desconocidas por el colectivo social; como los movimientos cuasi prerevolucionarios llevados a cabo hace poco tiempo por los descendientes de inmigrantes, léase Francia, así como ciertos delitos llamados “de cuello blanco”. Ambos, reiteramos, merecen otro tipo de estudio.

Los alarmantes índices de anomia y desintegración social que hoy podemos evidenciar no sólo en nuestra República, sino en otras latitudes, son elementos palmarios de lo arriba señalado.

Otra observación que nos parece relevante destacar, es la creciente falta de respeto por las Instituciones, en tal sentido, esa circunstancia ha conformado junto a la desmesura, antes apuntada de la delincuencia, una variable importante en este racconto, e incluye-entre otras consideraciones- una aparente falta de adecuación por parte de la administración de justicia, la que si bien ha producido algunas modificaciones-recordamos la reforma de 1998 en nuestro Estado provincial-, todavía, la misma, adolece de una necesaria perefectibilidad fáctica, de forma tal que sus resultados sean verificados prontamente por la sociedad bonaerense.

La parcial pero inocultable corrupción dentro de algunos estamentos policiales, judiciales y políticos, sin olvidar el déficit educativo, de salud y verdadera asistencia social, completan un cuadro que en oportunidades, hasta podríamos catalogarlo como abandono estatal.

La impunidad y otras formas de descomposición social, los efectos criminológicos de los sistemas penitenciarios y la reproducción institucional de la violencia en las cárceles, podemos asimilarlos al de un recrudecimiento, en este sentido, que arroja resultados iguales al de círculo vicioso.

Mientras tanto estas nuevas modalidades de violencia, acentúan la inseguridad ciudadana y la crisis del sistema judicial en su conjunto, a su vez, lo anterior, deviene en una creciente deformación de nuestra vida cotidiana, donde los realmente presos somos los ciudadanos comunes que debemos vivir tras rejas, mientras una masa delincuencial delinque casi a discreción.

La inseguridad -tanto la “real” como la “percepción” social de la misma-, los delitos que a cada momento se cometen y quedan impunes, ya por inacción de las fuerzas de seguridad o por carecer las mismas de los recursos necesarios para su efectiva prevención, más cierto freno político que se ha impartido en su coacción, configuran un panorama de indefensión social verdaderamente alarmante.

Las alternativas que frente a los retos planteados a diario por la violencia y sus secuelas, ha esgrimido un sector de la ciudadanía, han dado a luz aspectos relevantes que merecen subrayarse.
Dentro de ellas, podemos incluir cuestiones tales como las crecientes demandas de control ciudadano en las instituciones públicas, el peligroso surgimiento de “justicieros”, el acrecentamiento de seguridad privada, especialmente en aquellos sectores de mayor poder adquisitivo, el reclamo desmesurado de las fuerzas de seguridad federal, ésto último, de reciente planteamiento en nuestra ciudad. La organización comunitaria espontánea-recordemos en ese sentido a los vecinos del Barrio Chauvin-. Todo este detalle señalado precedentemente, representa, parte del caudal de acciones con tinte desesperado, que de alguna forma, es necesario se lo contenga y canalice con efectivas respuestas por parte del Estado, ya sea éste Municipal, Estadual o Nacional.

Las renovadas demandas ante los hechos de inseguridad, hasta ahora son materializadas en crítica mediática o en silenciosas marchas, a veces poco numerosas, pero igualmente a tener en consideración, no por miedo a sus consecuencias, sino por obligación de observancia ante los acontecimientos que, lamentablemente, han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana.

Dichos actos deben ser suficientes señales de alarma a tener muy en cuenta por todos los sujetos con responsabilidad de gobierno.

En el campo de las iniciativas gubernamentales estaduales, estamos a la espera de un nuevo diseño de políticas públicas encaminadas a la prevención de la violencia, aguardamos con expectativa la reorientación de los sistemas policiales y penales y otras políticas relativas al cambio del sistema judicial.

Todo lo anterior sería inservible sino fuera acompañado-inexcusablemente-de políticas de estado tendientes a brindar una racional y obligada equidad. Situación esta última, casi despojada de intervención en las propuestas conocidas.

Esperamos que los proyectos largamente anunciados en nuestra provincia, tengan futuro de éxito después de octubre.

Enrique Serra.-