En no pocas sociedades latinoamericanas, entre las que obligadamente debemos contabilizar la nuestra. Sin desconocer otras que también integran este mundo global, hemos observado como las profundas transformaciones sociales acaecidas en las últimas décadas, han provocado un resultado no buscado, pero de imposible soslayo, con ello, una agudización y complicación del fenómeno de la violencia, con un agregado de secuelas hasta hace pocos años desconocidas, donde, las víctimas de la misma soportan-en múltiples casos- un ensañamiento y desmesura, totalmente desconocido por muchas de nuestras generaciones, esto, de alguna forma, ha suamdo al miedo y estupor, la perplejidad. Tal lo que podemos comprobar en hechos que a diario registra la crónica de nuestro país y del mundo.
Hemos decidido dejar de lado en este particular análisis, no por carecer de importancia, sino por merecer un tratamiento diferenciado, otro tipo de circunstancias tampoco desconocidas por el colectivo social; como los movimientos cuasi prerevolucionarios llevados a cabo hace poco tiempo por los descendientes de inmigrantes, léase Francia, así como ciertos delitos llamados “de cuello blanco”. Ambos, reiteramos, merecen otro tipo de estudio.
Los alarmantes índices de anomia y desintegración social que hoy podemos evidenciar no sólo en nuestra República, sino en otras latitudes, son elementos palmarios de lo arriba señalado.
Otra observación que nos parece relevante destacar, es la creciente falta de respeto por las Instituciones, en tal sentido, esa circunstancia ha conformado junto a la desmesura, antes apuntada de la delincuencia, una variable importante en este racconto, e incluye-entre otras consideraciones- una aparente falta de adecuación por parte de la administración de justicia, la que si bien ha producido algunas modificaciones-recordamos la reforma de 1998 en nuestro Estado provincial-, todavía, la misma, adolece de una necesaria perefectibilidad fáctica, de forma tal que sus resultados sean verificados prontamente por la sociedad bonaerense.
La parcial pero inocultable corrupción dentro de algunos estamentos policiales, judiciales y políticos, sin olvidar el déficit educativo, de salud y verdadera asistencia social, completan un cuadro que en oportunidades, hasta podríamos catalogarlo como abandono estatal.
La impunidad y otras formas de descomposición social, los efectos criminológicos de los sistemas penitenciarios y la reproducción institucional de la violencia en las cárceles, podemos asimilarlos al de un recrudecimiento, en este sentido, que arroja resultados iguales al de círculo vicioso.
Mientras tanto estas nuevas modalidades de violencia, acentúan la inseguridad ciudadana y la crisis del sistema judicial en su conjunto, a su vez, lo anterior, deviene en una creciente deformación de nuestra vida cotidiana, donde los realmente presos somos los ciudadanos comunes que debemos vivir tras rejas, mientras una masa delincuencial delinque casi a discreción.
La inseguridad -tanto la “real” como la “percepción” social de la misma-, los delitos que a cada momento se cometen y quedan impunes, ya por inacción de las fuerzas de seguridad o por carecer las mismas de los recursos necesarios para su efectiva prevención, más cierto freno político que se ha impartido en su coacción, configuran un panorama de indefensión social verdaderamente alarmante.
Las alternativas que frente a los retos planteados a diario por la violencia y sus secuelas, ha esgrimido un sector de la ciudadanía, han dado a luz aspectos relevantes que merecen subrayarse.
Dentro de ellas, podemos incluir cuestiones tales como las crecientes demandas de control ciudadano en las instituciones públicas, el peligroso surgimiento de “justicieros”, el acrecentamiento de seguridad privada, especialmente en aquellos sectores de mayor poder adquisitivo, el reclamo desmesurado de las fuerzas de seguridad federal, ésto último, de reciente planteamiento en nuestra ciudad. La organización comunitaria espontánea-recordemos en ese sentido a los vecinos del Barrio Chauvin-. Todo este detalle señalado precedentemente, representa, parte del caudal de acciones con tinte desesperado, que de alguna forma, es necesario se lo contenga y canalice con efectivas respuestas por parte del Estado, ya sea éste Municipal, Estadual o Nacional.
Las renovadas demandas ante los hechos de inseguridad, hasta ahora son materializadas en crítica mediática o en silenciosas marchas, a veces poco numerosas, pero igualmente a tener en consideración, no por miedo a sus consecuencias, sino por obligación de observancia ante los acontecimientos que, lamentablemente, han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana.
Dichos actos deben ser suficientes señales de alarma a tener muy en cuenta por todos los sujetos con responsabilidad de gobierno.
En el campo de las iniciativas gubernamentales estaduales, estamos a la espera de un nuevo diseño de políticas públicas encaminadas a la prevención de la violencia, aguardamos con expectativa la reorientación de los sistemas policiales y penales y otras políticas relativas al cambio del sistema judicial.
Todo lo anterior sería inservible sino fuera acompañado-inexcusablemente-de políticas de estado tendientes a brindar una racional y obligada equidad. Situación esta última, casi despojada de intervención en las propuestas conocidas.
Esperamos que los proyectos largamente anunciados en nuestra provincia, tengan futuro de éxito después de octubre.
Enrique Serra.-
