La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar sin efecto el reclamo de Venturino Eshiur S.A. por la rescisión del contrato de la recolección de residuos
La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon recibió una notificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde el máximo órgano judicial decidió hacer lugar al recurso extraordinario presentado por la comuna, para que quede sin efecto la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia que avalaba a la empresa Venturino Eshiur S.A., reclamar una millonaria indemnización tras haber perdido su contrato como recolectora de residuos. La medida se tomó el pasado día 13 en fallo dividido, con los votos favorables de los doctores Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, mientras que Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni se manifestaron en disidencia.
Según recordó este lunes el secretario Legal y Técnico de la comuna, Alejandro Vicente, la causa se había iniciado en 1996, tras la rescisión del contrato de Venturino Eshiur para recolectar los residuos en medio Mar del Plata. “Durante la gestión de Russak, a través del decreto 788/95, se decidió terminar el vínculo con la empresa, ya que tenía inhibiciones judiciales y la información se había ocultado durante el desarrollo de la licitación pública”. Tras 22 meses como prestataria del servicio, la firma Venturino Eshiur S.A. fue desafectada. La demanda originada por los empresarios había llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que el 28 de mayo de 2003 había decidido hacer lugar al pedido empresarial, por lo que significaba una grave perjuicio económico para el Municipio, ya que el reconocimiento de deuda, calculado en forma estimativa, llegaba a ese entonces a los 100 millones de pesos.
“Estábamos preocupados – aseguró el doctor Vicente -. No había manera de afrontar el pago de este juicio. Sostenían que la anulación del contrato no se había ajustado a las bases del pliego de licitación”. La respuesta municipal no se hizo esperar y a través de los doctores Eduardo Furundarena y Jorge Rodón, integrantes del área comunal, presentó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal de la Nación. El 2 de junio de 2006, la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia la Nación, Laura Monti, pidió dejar sin efecto la sentencia del 2003 por considerarla arbitraria, ya que omitía examinar la prueba de la inhibición de la empresa y el falseamiento de su declaración jurada.
“A partir de ahora, la empresa debe hacerse cargo de los honorarios profesionales. Aunque la empresa está en quiebra”, puntualizó Vicente. “Lo importante es que la comuna obró en forma legítima, y que para rescindir el contrato no debió recurrir a la Justicia y que fue suficiente con el decreto del año ‘95. Es un fallo muy importante desde lo jurídico”, opinó finalmente.
Lo arriba citado, pertenece al informe emitido por la Dirección General de Prensa y Difusión del Municipio de Gral. Pueyrredón.






