Durante la década del ‘90 se realizaron una serie de transformaciones estructurales en la economía argentina que contaron con un importante consenso social. Recordemos a Neustad alentar desde las cámaras de TV la privatización hasta de los semáforos.
Las críticas más difundidas sobre ese período se centraron en el rechazo a un supuesto “capitalismo salvaje” o “modelo neoliberal” que terminó con una sociedad igualitaria, como àlgunos consideraron a la sociedad argentina durante el llamado Estado de bienestar.
Finalizado ese “new deal” vernáculo – que se abre con la hiperinflación de 1989 y se cierra con la devaluación y la pesificación de enero del 2002 – se elaboró una meta, un nuevo análisis del mismo, que en principio, no considera la creación de un “capitalismo argentino”, como tampoco la intención de volver atrás la rueda de la historia.
Las privatizaciones de empresas estatales significaron la transferencia de la explotación o la propiedad de las empresas de servicios públicos a una alianza formada por la fracción más concentrada del capital local y transnacional.
Por parte del Estado, esta integración capitalista fue establecida como requisito mediante una ley, de manera que las empresas privatizadas contaron con la siguiente conformación: una empresa local (proveedora del poder de lobby en el sistema político), un banco internacional (proveedor financiero de la operación) y una empresa extranjera especializada en el servicio correspondiente (que aportaba el “know how” del servicio).
Esta política del entonces gobierno justicialista (Basualdo Eduardo 1999) creaba una identidad objetiva de intereses entre el capital local concentrado y los acreedores externos, cuya disputa por el plusvalor había llevado a la crisis hiperinflacionaria de 1989, al asociarlos en el mismo proceso productivo en el mismo proceso de valorización del capital y garantizándoles una tasa de ganancia superior al resto de la economía.
El Estado asumió el costo del despido de una enorme masa de trabajadores de estas empresas, lo que significó una mayor producción de plusvalor por la vía absoluta mediante la intensificación del trabajo del personal reducido. (Recordemos el nacimiento de infinidad de kioscos, remises, taxis etc., producto de las inversiones de los montos indemnizatorios) y los buenos suledos vía horas extras de los que quedaron.
Podríamos seguir aportando interesantes datos de numerosos estudios que al respecto se han realizado, muchos de los cuales ni siquiera vieron la luz por propio horror de sus autores, o por “arreglos” políticos.
No ha sido el propósito del presente, abundar sobre tópicos técnicos mínimamente arriba expresados. Lo que intentamos destacar, es una sola de las consecuencias de aquella perversa política, que como tantos otros dramas, está aún sin resolver. En efecto, los despidos que provocaron la privatización de aquellas empresas públicas, y las posteriores circunstancias de crisis por todos conocidas, destapó negatividades subyacentes, imposible de sostener en el tiempo.
Los montos que por indemnizaciones recibieron los despedidos por las privatizaciones, fueron aplicados en algunos casos, a la compra de taxis, remises, etc. Lo cual puso en crisis un servicio casi privilegiado hasta entonces por usuarios y prestadores.
Hace varios años que no pueden vivir con la holgura de antaño, el propietario de un vehículo dedicado a taxi, como tampoco los que hasta entonces debían hacer “cola” para tomarlo.
La competencia por mayor oferta, la inseguridad, los bajos salarios de los trabajadores, profesionales o no, en general, hizo que se haga menor uso de este servicio de transporte, y por ende en alguna oportunidad se quiso resolver ese déficit con “rebajas” de tarifas, lo que convirtió a un problema difícil, directamente en insoluble, y causante de más de una quiebra.
La falta de renovación en la flota de vehículos, también atenta contra el mencionado servicio, ya que a poca gente le resulta agradable pagar para subir a unidades destartaladas, con olor a gases de combustión, con poca calefacción o carentes de aire acondicionado en el verano. Este lamentable cuadro, se vería ahora agravado-según los conceptos vertidos- por el llamado “blanqueo”. Que no es ni más ni menos que cumplir con la ley.
La solución que algunos pretenden, es crear cooperativas que agrupen a los choferes y titulares de licencias de vehículos, para que de esa forma se “salven” de los reales aportes previsionales, ya que todos serían “patrones”, o mas ortodoxamente hablando, socios de la cooperativa.
Este pretendido sistema no es otra cosa que un fraude a la ley. Las cooperativas nacieron en una época de tremendas injusticias y con el objeto de hacer valer nobles derechos emergentes de la fuerza del trabajo, vapuleados por una clara iniquidad impuesta por el capitalismo quasi esclavista.
Las cooperativas-hasta ahora conocidas-creadas con el propósito de eludir la ley, deforman un necesario servicio de obra social, un real aporte jubilatorio, omiten vacaciones, francos compensatorios, aguinaldo, seguro de vida obligatorio y salario familiar.
Como tantas otras buenas creaciones de la sociedad, el tiempo y las circunstancias desvirtuaron las cualidades del sistema cooperativo, reemplazándolo por un deformado y pésimo uso, que se hizo de esa herramienta, hoy casi inexistente en los verdaderos conceptos sociales que le dieron origen.
La obligación legal que surge en un contrato laboral, está perfectamente establecida por las leyes en vigencia, a una prestación de trabajo, le corresponde lapaga de salarios por parte de quien solicita ese servicio, y conjuntamente empleador y empleado deben realizar aportes para mantener un fondo jubilatorio y un sistema de salud-muy criticable por cierto- pero, en el primer caso, de seguir desvirtuándose las cargas como hasta el presente, a corto plazo, tendremos personas muertas por inanición, en lugar de jubilados.
Es por ello que a raíz de verse involucrado el Municipio en una cuestión ajena a su ámbito de jurisdicción, hemos podido observar como un conjunto de vehículos y personas, cortando el tránsito, reclamaron en el recinto del HCD una solución de imposible construcción normativa. Esgrimiendo para ello argumentos poco menos que irracionales-lo lamentable, era que un profesional de las leyes estuviera avalando cuestiones totalmente fuera de lugar-
Los costos nominales por los aportes que surgieron en las acaloradas voces de quienes reclaman”otro tipo de blanqueo”, son producto de cuentas mal elaboradas.
De acuerdo a las averiguaciones realizadas en entes oficiales y empresas especializadas, los mismos son; por jubilación y obra social, el 11% correspondiente al trabajador. Al empleador le compete pagar el 14%, de aporte jubilatorio, el porcentual de la obra social de elección, más el seguro de ART, cuyo costo mensual es de $. 22,- obligación que siempre existió tácitamente, pues de ocurrir un accidente en horario de trabajo, hay de hecho una responsabilidad civil, que debe asumir el titular del vehículo.
Existe también un seguro de vida obligatorio, que cubre la suma de $ 6.480 y su costo mensual es de $. 1,30. En lo que hace a los montos de aporte sindical, los mismos no son compulsivos. Si lo anterior se calcula sobre un sueldo promedio de $. 700,00, los aportes del trabajador importan $:98,00, mas un plus por obra social a elección, y el empleador debería pagar 121,30 mas el plus de la obra social.
También se habló de lo que ocurre en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El convenio nº 336/01 firmado en ese ámbito, retiene sobre un 30% de retribución bruta al chofer, un 4% para aportes y contribuciones. Es otro ámbito, son otras las actuales modalidades y no puede traerse a Mar del Plata, para compatibilizar con similar criterio, el acuerdo celebrado en una ciudad que tiene varios millones de habitantes y recibe la mayor cantidad de turistas del país y provenientes del extranjero.
Alguien podrá observar que los costos de obra social son elevados. Pero ello resume dos situaciones, o el trabajdor chofer y su familia tienen una adecuada cobertura de salud, o seguimos atestando al hospital público y salas municipales, en flagrante falta a la obligada equidad que debe existir entre quienes trabajan y deben hacer el esfuerzo para esa cobertura, o destruir un ya desbordado servicio de salud pública, para todos aquellos desocupados e indigentes, que lamentablemente todavía son muchos.
Ante lo anterior, aspiramos como ciudadanos que, los actores en cuestión de esta incomprensible disputa, tomen conciencia que las leyes deben cumplirse y que dicho cumplimiento no agravia condiciones laborales, por el contrario, refuerza una costumbre que hace mucho tiempo debió instalarse en el colectivo accionar de representantes gremiales, del Estado y de los directos beneficiarios, los trabajadores.
¿Cuál será el futuro de los llamados peones de taxi, remises, o de cualquier vehículo de transporte de personas, por el que sus actores durante toda una vida, no realicen ningún aporte, al momento de no poder trabajar por avanzada edad? Los plazos, al igual que la edad, son de cumplimiento fatal
La respuesta al anterior interrogante: El camino en el futuro-de persistir las actuales circunstancias- presentará dos únicas alternativas, o un juicio laboral que arrastrará a la miseria al titular del vehículo, o directamente la muerte de quien ya no puede trabajar.
Otra alternativa, es que la sociedad en su conjunto deba injustamente absorber dichos costos, ante la inescrupulosidad de seudo empresarios, que no han encontrado hasta ahora mejor remedio, que cooperativizar un fraude.
