Desde hace algún tiempo y fundamentalmente a raíz del alto índice de inseguridad que registra tanto la Capital como la Provincia de Buenos Aires, a diario escuchamos, leemos y observamos por televisión, distintos comentarios que en nada contribuyen a mejorar una situación que nuestro país arrastra desde hace décadas.
La tarea periodística en este punto, solamente se ha centrado en amplificar casi exclusivamente y a veces con sensacionalismo, hechos singulares, sin abarcar la complejidad que este flagelo representa para el total de la sociedad.
Sucede, que esta preocupante y creciente situación, como días pasados lo expresáramos, ha crecido en violencia y sadismo. Esa conducta con la que actúan los delincuentes, es muy llamativa y algunos especialistas estiman, que el resultado es el descontrol que produce en los mismos la libertina ingesta de estupefacientes.
Por ello, siguiendo con la preocupación que la problemática amerita, ponemos a consideración de nuestros visitantes, conceptos de algunos de los especialistas del tema, esta vez exclusivamente centrados en la cuota que le compete al Derecho Penal.
El secretario de Política Criminal de la Nación, Alejandro Slokar, afirmó que el Gobierno no fijó aún una posición sobre el anteproyecto a reforma integral del Código Penal, firmado por prestigiosos juristas independientes que representan a diferentes entidades de la materia y que su debate será “un camino largo y complejo”.
La opinión del Dr. Slokar no es nueva en el campo del derecho. Ello se desprende de lo volcado en un Tratado de Derecho Penal, una voluminosa obra que se editara en el año 2003 y cuya autoría principal estuvo a cargo del Dr. Eugenio Zaffaroni, en colaboración con el Dr. Alejandro Plagia y el mencionado Alejandro Slokar.
En efecto, por citar solo un pequeño párrafo de una obra que editó EDIAR y que cuenta con más de 1000 páginas.
En función del principio de humanidad, es cruel toda pena que resulte brutal en sus consecuencias, como las que crean un impedimento que compromete toda la vida del sujeto (muerte castración, esterilización, marcación cutánea, amputación, intervenciones neurológicas). Igualmente crueles son las consecuencias jurídicas que se pretenden mantener hasta la muerte de la persona, puesto que importa asignarle una marca jurídica que la convierte en una persona de inferior dignidad (capitis diminutio).
Toda consecuencia de una punición debe cesar en algún momento, por largo que sea el tiempo que deba transcurrir, pero nunca puede ser perpetua en el sentido propio de la expresión, pues implicaría admitir la existencia de una persona descartable
Título 11(Principios Limitativos) Capitulo IV. Punto 2 (Principio de humanidad) pág. 132.
Otra opinión publicada sobre este tema, es la de Roberto Durrieu, Presidente del Colegio Público de Abogados, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En uno de los párrafos del especial artículo publicado por el diario La Nación dice:
Un proyecto de reforma al Código Penal contiene una clara y excelente prueba del pensamiento filosófico-político de quienes lo redactan, pues el derecho punitivo, en cuanto a las figuras que se crean o derogan, y a la pena propuesta para castigar la violación al minimum de un minimum de ética indispensable para la convivencia, expresa qué valores quiere el Estado proteger.
Por último he recurrido a quien tuve el honor detener como profesor de Derecho Penal,(Facultad de Derecho, UNMDP) me refiero al Dr. Eduardo Carreras, quien amablemente me recibió en su domicilio y respondió a una serie de preguntas sobre la problemática actual de inseguridad, pero fundamentalmente expuso sobre su visión en cuanto al futuro de nuestro Código Penal.
Comenzó el ex titular de la cátedra, ya que desde el año anterior decidió jubilarse como educador universitario, a realizar una breve reseña sobre el Código Penal desde su promulgación:
En 1862 se sancionó la ley 29, que establecía sucintamente la competencia de los tribunales federales. El 14 de setiembre de 1863, se sancionó la ley 49. Dicha ley codificaba los delitos federales, pero quedó pendiente el tema de los delitos ordinarios.
El Código Tejedor: En 1863 se autorizó al ejecutivo a trabajar para el proyecto de redacción del Código Penal, la designación para tal evento recayó en la persona del Dr. Carlos Tejedor. Entre 1866 y 1867 Tejedor presentó la primera y segunda parte. Las Legislaturas provinciales fueron adoptando el proyecto de código presentado por Carlos Tejedor. Es así que podemos tomar al Código Tejedor como el primer Código Penal de fondo en el Derecho Argentino.
Al anterior le siguió el proyecto Villegas-Ugarriza-García. Estos tres juristas revisaron el trabajo de Tejedor. Esta comisión recién se expidió en 1881, conviniendo en que debía redactarse un nuevo Código. Tal postura fue aceptada y los juristas siguieron el modelo español de 1870. Dicho texto fue sancionado en Córdoba en 1882.
En 1890 ante ciertas fallas que había demostrado el anterior proyecto de 1886, se encargó a los Dres. Rodolfo Rivarola, Norberto Piñero y José Nicolas Matienzo, un nuevo trabajo. En junio de 1891 la comisión elevó un proyecto de Código Penal, la cual unificaba los delitos federales de ley 49 y los tipificados en el Código existente, podría expresarse que de alguna manera siguió la línea de Tejedor.
La Cámara de Diputados, se expidió sobre la reforma anterior de 1891, con algunas modificaciones (1895) sin que se llegase a sancionar. Cinco años más tarde se introdujeron otras modificaciones. Recién en 1903 mediante ley 4189, se produjo la sanción, pero manteniendo quizás la pero parte del trabajo. Al decir de Zaffaroni fue una reforma poco feliz y carente de unidad conceptual.
Hubo otro proyecto que comenzó a trabajarse en 1904, por una comisión integrada por cinco juristas (Rodolfo Rivarola, Francisco Beazley, Diego Saavedra, Cornelio Moyano Gacitúa y Norberto Piñero, con el agregado de un médico el Dr. José María Ramos Mejía)
Nunca el Congreso trató lo girado por esta comisión en 1906.
En 1916 el Diputado Rodolfo Moreno, presentó a la Cámara de Diputados, el proyecto de 1906 con algunas modificaciones. Finalmente la ley 11729, estableció el Código Penal vigente, y el 29 de octubre el Presidente Yrigoyen expidió el decreto de promulgación y casi dos años después, mediante ley 11.221 declaró auténtica la edición oficial. Entró en vigencia el 29 de abril de 1922.
Resumiendo, habían pasado 60 años, para que la República tuviera un Código de fondo, que atendiera la materia penal.
Zaffaroni, en una de sus obras, señala que, luego, en los años 1937, 1941, 1953, 1973, 1975, y 1979 se presentaron proyectos de modificación del actual Código.
Con lo expresado anteriormente, nos comenta el Dr. Carreras, el Código fue atravesando distintas etapas de nuestra vida institucional, que durante las mismas se fueron produciendo profundos cambios en nuestra sociedad, por ello, que no es descabellado pensar en una nueva elaboración de un Código, que contenga la modernidad y a la vez necesaria sistematización en su articulado.
En cuanto a lo de garantista y no garantista, los extremos no son aconsejables, expresa Carreras, se debe encontrar ese necesario camino ecléctico que contenga el rigor en función de una realidad que no puede negarse y el respeto a las garantías consagradas en nuestra Constitución y en los pactos a los cuales hemos adherido.
Por último, señala el ex Profesor, que otros países, como Italia, Francia, Alemania y España, por citar sólo algunos han redactado modernos Códigos Penales, que contemplan las circunstancias antes señaladas. En ninguno de esos Códigos se avanza como lo proyectado inicialmente desde la Secretaría de Política Criminal de la Nación.
Nosotros pensamos, que la sociedad tiene demandas concretas de un Código de fondo efectivo y moderno. De igual forma que la modernización de los distintos Códigos Adjetivos,(Procesales) que son un verdadero y complejo problema para los judiciables, profesionales, víctimas y las propias autoridades de administración de justicia.
Los tiempos irán señalando cuales deberán ser las medidas mas eficaces para una mayor seguridad de la población. En la actualidad, los vecinos de la mayoría de los centros urbanos y zonas rurales, nos hemos encapsulado entre rejas, alarmas, guardias, sensores, animales feroces, y un sentimiento de miedo que nos divide entre nosotros mismos.
Mientras tanto, las calles y caminos rurales han quedado en manos de la delincuencia. Que ve con cuanta facilidad pueden cometer crímenes de todo tipo, ya que las leyes, y las fuerzas de seguridad están atadas por una equivocada concepción sobre que derechos humanos deben pretejerse.
Ellos son los de todos y no los de algunas minorías, que aunque castigadas por un destino de vida desequilibrado e injusto, no aceptan ni siquiera elaborar otra alternativa que pueda contenerlos dentro de una normalidad que todos aspiramos.
