La persona humana, por estar dotada de inteligencia y desafiada por la voluntad, es responsable de su crecimiento y liberación y, por ello, sujeto de la historia. La libertad es, en su esencia, interior al hombre, connatural a la persona, signo distintivo de su naturaleza. El hombre es libre, porque posee la facultad de comprometerse en función de la verdad y del bien. La lucha del hombre por su libertad le ocupó varias generaciones, y nunca cesó totalmente la misma, pues de una u otra forma esa libertad en algún punto de nuestro planeta está siempre amenazada.
Cada uno y cada generación han ido tomado el saber que, la libertad no consiste en hacer simplemente lo que nos gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos, para ser felices en un mundo donde todos podamos serlo.

El fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana; esa centralidad está orientada y condicionada por el bien común, es decir, el desarrollo integral de cada uno y de todos.

Este desarrollo humano integral no depende únicamente del crecimiento económico y el progreso técnico, sino, fundamentalmente, de la conciencia social y de justicia y del grado de solidaridad alcanzado.

El trabajo es una de las expresiones más completas de la persona humana. El trabajo es la forma primaria que tiene el hombre para relacionarse con la naturaleza y con la comunidad. El trabajo es la forma como los seres humanos satisfacen sus necesidades vitales, tanto materiales como espirituales.
El trabajo humano ejercido en la producción e intercambio de bienes y en la prestación de servicios económicos tiene un valor distinto y superior a los elementos instrumentales, es por ello que afirmamos que el trabajo tiene supremacía sobre el capital y la técnica. Así mismo hay que diferenciar entre trabajo y empleo, en cuanto que el primero es el valor y el segundo es un medio a través del cual el hombre y la mujer realizan el trabajo.

Hay mucha tierra que espera trabajo

Siendo el trabajo un medio para la realización y perfeccionamiento de la sociedad, el derecho al trabajo se convierte en fundamental para la persona y por tanto las diferentes instituciones y organismos económicos y sociales, al igual que el Estado y los organismos internacionales, deben de realizar una política general que logre, dentro de una perspectiva de desarrollo integral, una situación de empleo y salario dignos y estables, a fin de que todos puedan trabajar y vivir de su trabajo.

Nuestra Constitución Nacional se ocupa especialmente del trabajo, en sus Art. 14, 14 bis, y 75 inc. 19 primer parte (*)

Concluyendo, que nuestras máximas normativas emanadas del texto constitucional, mandan a que los órganos competentes procuren satisfacer el derecho al trabajo y protección al trabajador. Que sería redundante cualquier otro texto legal sobre el particular, por tanto, la falla, la tremenda falla está en la falta de implementación de aquellos elementos necesarios para corregir esta situación que podrá tener muchas explicaciones, pero ninguna alcanza para todos aquellos que no tienen trabajo en un país como el nuestro.

Estos núcleos de desocupados, argentinas y argentinos, jóvenes, de mediana edad y adultos, deben admitir con dolor, asistencias semejantes a la limosna para la subsistencia propia y de sus familias. La mayoría de los desocupados, quiere trabajar, es una esparcida falacia aquellos ejemplos que versan sobre minúsculos grupos que se trasnpolan interpretativamente en el sentido que “son una manga de vagos”. Reiteramos la mayoría quiere trabajar.

El trabajo dignifica el espiritu

Uno de los derechos principales que asisten a los ciudadanos de una democracia es el de ser gobernados por aquellos que resultan elegidos en la contienda electoral conforme a un programa de actuación y dirigencia, previamente harto conocido a través de la publicidad preelectoral que se realiza al respecto. Se trata de un asunto tan elemental que ni siquiera aparece recogido en la mayoría de las constituciones, redactadas precisamente para asegurar el buen gobierno con arreglo a un código jurídico que pone límites al abuso de poder en defensa del interés común. Pero… ¿qué pasa cuando ese derecho pasivo no se ejerce por falta de capacidad de los gobernantes escogidos, por inacción, desistimiento o ineptitud de quienes han sido llamados a ejercer la responsabilidad pública?
Es exactamente esa sensación, la de sentirnos semidesprotegidos, la que sentimos ante dolorosos problemas que se suman uno tras otro casi como maldiciones. Uno de esos tantos problemas es la falta de trabajo, que junto a la inseguridad forman el contenido de un templete inexpugnable en el hallazgo de soluciones sustentables y valederas.

Cuando las estadísticas de nuestro INDEC, señalan tal o cual índice de desocupación, lo que deben hacer los gobernantes, no es arremeter contra los técnicos que las elaboran, que sabemos lo hacen profesionalmente en forma precisa, siendo esa labor reconocida desde años por los distintos gobiernos. La correcta respuesta sería ocuparse y preocuparse como aumentar las posibilidades de trabajo para sus gobernados.
Estas políticas deben partir de cualquier estamento gubernativo, ya sea nacional, provincial y obviamente también el municipal.
Esto último es por el reciente enojo del Intendente de nuestro Municipio al desconfiar de los datos que oficialmente se han proporcionado sobre la desocupación en Mar del Plata, y que la señalan como la de mayor índice en Argentina.

El Sociólogo Británico, Colin Crouch, escribe en su libro Pos Democracia: “La corrupción constituye un potente indicador de la mala salud de la democracia, porque apunta a una clase política que se ha vuelto cínica, amoral y opaca al escrutinio público.”

El acceso a informar y a ser informado es esencialmente el derecho a la comunicación social. La comunicación como una parte fundamental del ser humano, de sus orígenes y de su definición como ser social. Es el derecho de toda persona a expresarse y a estar informado. Es la relación de la sociedad entre sí, y de y con sus entes institucionales públicos y privados. Es en este aspecto que nadie debe sentirse molesto por la difusión de información, pues el máximo que pueda brindársele al pueblo, siempre es poco, ya que a la postre podemos detallar una larga lista con las sorpresas que los habitantes de ésta y otras naciones nos hemos llevado, cuando los hechos era ya irreparables.

Claro, hasta el presente los paliativos para la desocupación que salen desde el Municipio, se manifiestan en forma de puestos para aquellos favores políticos que de alguna manera deben pagarse o en su defecto con subsidios de gris procedimiento administrativo e incierto destino.
Con esto queremos significar que tanto los empleos de tipo político, que generalmente sus beneficiarios son individuos de escasa capacidad, o aquellos montos de dinero que se entregan a Instituciones de poca transparencia en su accionar social, no hacen más que quitarle credibilidad a las promesas políticas que oportunamente se hicieran en el sentido de transparentar las acciones de gobierno. Los mecanismos éticos utilizados en los aspectos antes señalados, dejan una huella muy poco transparente.
El titular de nuestra administración municipal, deberá extremar los recaudos, en el reparto del poder, ya que éste es una herramienta maravillosa en manos de hombres buenos, pero colapsa definitivamente cuando es usado por malas personas.
Esperemos que a la brevedad, los programas en procura de aumento de trabajo se efectivicen, y se eche luz allí donde hoy al menos caben sospechas.
La gente votó en el mes de octubre, al hombre, a la ilusión, al sueño de un mejor porvenir. Se nos hace difícil creer que tan pronto se dilapide ese capital de credibilidad. Ganarlo, sabemos los sacrificios y esfuerzos que conlleva, perderlo es cosa de muy escaso tiempo.

(*)Primer parte de Art. 14: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y…

Primer parte de Art. 14 bis: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Art. 75 Inc. 19 (primer parte) Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento

Vivir en democracia no es fácil. El “arte de la libertad” como lo llamaría Toqueville, es una larga y constante lucha que no permite descansos ni distracciones. Se fundamenta en una sociedad responsable de sus actos y dueña de su destino.
¿Somos dueños de nuestro destino, cuando observamos que el gobierno nacional pretende reformar uno de los más caros institutos que, de alguna forma era la última ratio de confiabilidad en la estructura de los cuadros del poder judicial? Nos referimos al Consejo de la Magistratura, que mediante un proyecto presentado en el senado por la “primera dama”, la actual composición de 20 miembros se alteraría en su número, bajándolo a 13 para poder desde el poder político controlar sus decisiones.

No hay posibilidad alguna de construir una sociedad auténticamente democrática sin valores éticos y morales. Vivir en democracia implica, entonces, un enorme cambio cultural. Implica que los ciudadanos abracen la causa de la moral, pues solo con conductas éticas se consolidará para siempre la vida en libertad. Se nos impone de esta manera, un compromiso con una nueva forma de sociedad. Es imposible cumplir con lo anterior, si se piensa que las obras constructivas de una verdadera civilidad, descansarán en prohibir que jure como diputado, alguien que fue respaldado por más de 400.000 votos y su impugnación provenga de un convicto indultado presidencialmente en la década de los 90.
O cuando no alcanzan los diputados comprarlos al mejor estilo de “remate.com”.
Parece que se quisiera construir un panóptico político, para que desde el ejecutivo se controle absolutamente el total de los movimientos del resto de los poderes, así como a las organizaciones civiles. El poder no es ahora más que una idea, un nombre trabajosamente mantenido en un lugar que ya no le pertenece al soberano, que hay que recordarlo, en una república, es el pueblo. El panoptismo delata una nueva determinación que aparece oscura y bastante oculta pero que va adquiriendo mayor presencia y se establece definitivamente: el dominio. El dominio se encierra en el círculo áulico de la primera magistratura y configura una nueva totalidad. Podemos estar atravesando una barrera peligrosa que nos encamine hacia un despotismo ideológico, que creíamos largamente superado.

La dirigencia política, por lo menos algunos sectores de ella, no ha podido definir con la requerida nitidez y claridad conceptual esta necesaria opción por una nueva forma de sociedad. Esta opción significa lisa y llanamente sustituir la actual sociedad civil organizada corporativamente por otra mucho mas profundamente basada en la igualdad de oportunidades. Pero por el contrario las señales que se dan son mayor corporativismo político y a su vez sectario.
Como vamos a sustentar la anterior premisa, cuando desde el estado sea éste cual fuere, nacional, provincial o municipal, convierten a las distintas reparticiones en depósito de amigos, en lugar de designar gente política y profesionalmente proba para el desempeño de las funciones asignadas. O cuando se viola aviesamente la voluntad popular, designando para cargos ejecutivos a quienes se propusieron para ocupar bancas en el poder legislativo.

Otras de las cuestiones que no deben quedar al margen de las funciones del Estado es rescatar a la persona humana, en su individualidad y trascendencia para que jamás sea postergada en beneficio del interés de algún sector. Tenemos que hablar de una responsabilidad social que tenga su raíz en una ética personal que vea como verdadera realización el compromiso con la ayuda solidaria a los semejantes. Esta concepción está mucho más cerca de nuestra moral ancestral que dio la base de nuestra cultura, que de las sutiles enseñanzas de Maquiavelo.
Lamentablemente, observamos que la puesta en práctica hasta el momento del rescate de las personas, se lleva a cabo con dádivas que tienen como contrapartida el voto. Esto no sólo es denigrante para el hombre, sino que alimenta una práctica que hasta el cansancio se enunció desde las tribunas políticas que se enterraría definitivamente.
Por tanto, la compaginación de la compleja arquitectura política contemporánea no muestra hasta ahora que la misma se elabore sobre la base de la necesidad de una responsabilidad y una moral individual, que lleve al hombre y al dirigente, a una actitud libre para actuar en beneficio del conjunto.
Uno de los grandes males que soporta no sólo Argentina sino la región, es un puñal que no solamente está estáticamente clavado en lo más hondo de la credibilidad del pueblo, sino que cada tanto se desplaza para provocar peor daño. Nos estamos refiriendo a la corrupción.

La corrupción no sólo se expresa por el hecho de un pago ilegal por un servicio o un favor deshonesto. Corrupción es también la relatividad de los valores morales, la mentira pública, la calumnia. El transfuguismo. Corrupción es también reclamar contra el que es corrompido pero facilitar la tarea del corruptor. Corrupción es también “dejar hacer”.
Hay que luchar contra los corruptos, dentro y fuera del gobierno. De una vez por todas se tiene que recuperar la raíz ética y cívica de la actividad política; usar el poder para servir a la ciudadanía y no a las ambiciones personales. No se puede hacer uso constante del poder para el pago de favores políticos, pues éstos tarde o temprano se convertirán en un lastre mucho mas pesado de lo imaginable y soportable. No debe haber tregua para luchar también contra los corruptores.

Debemos entender que todos los ciudadanos estamos obligados a preguntarnos si queremos ser realmente un país democrático, que, lo repetimos, es mucho mas que votar cada dos o cuatro años. El ser democrático depende de nuestra actitud cívica cotidiana, controlando tanto la ética de nuestros gobernantes como la propia. En una democracia esa conducta parte básicamente de nuestra actitud. Es la democracia participativa de la que tanto hablamos y tan poco exigimos se ponga en práctica.

Cuando la dirigencia empiece a desgranar sus pensamientos y propuestas concretas sobre estos temas; cuando la sociedad comprenda que el país se convierte en Nación cuando hay un sólo patrón para medir los valores éticos y su responsabilidad civil; cuando cada ciudadano acepte que la suerte de su futuro depende de su profunda reflexión y de su exhaustivo examen de conciencia; cuando todos nos decidamos de una buena vez a entrar en la historia por el camino de la verdad, asumiendo como seres maduros nuestras propias debilidades y nuestros propios errores; cuando todo ello suceda, allí estaremos más cerca de encontrar nuestro destino como República.